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El Ministerio de Consumo propone una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por vulnerar derechos de inquilinos

La sanción se basaría en prácticas abusivas de la compañía en el mercado de alquileres que han afectado a los consumidores.

Publicado: 27 de octubre de 2025, 07:46

El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, tras determinar que esta ha vulnerado los derechos de los consumidores aprovechándose de su posición dominante en el sector de alquiler inmobiliario. La cantidad exacta de la multa se detalla como 3.600.902 euros, de acuerdo con la información difundida por la organización de consumidores Facua y otros medios. La propuesta de sanción, que ha sido adelantada por la Cadena SER, se deriva de un expediente que documenta diversas irregularidades cometidas por la compañía.

Entre las prácticas ilegales identificadas se incluyen la obligación de los inquilinos de contratar un seguro de hogar, la imposición de responsabilidades sobre cargos por reclamaciones judiciales, y la inclusión de cláusulas que permiten a la empresa registrar a los inquilinos en ficheros de morosos. Estas infracciones son clasificadas como muy graves por la legislación vigente en materia de protección al consumidor. Se han detectado un total de seis infracciones muy graves y una grave, lo que podría crear un precedente en la regulación del alquiler en España.

El ministerio ha iniciado este expediente tras recibir denuncias de la organización de consumidores Facua, y otras entidades como el Sindicato de Inquilinos de Madrid y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también han contribuido a las denuncias. La propuesta de multa ahora se encuentra en fase de análisis y debe ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien tomará una decisión tras revisar las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro en los próximos meses.

Con más de 76.000 contratos de alquiler gestionados, Alquiler Seguro ha sido objeto de un análisis exhaustivo que demuestra que ha obligado a los arrendatarios a realizar estudios de solvencia y asumir costos no solicitados, algo que podría permitir reclamaciones por parte de los afectados. Además, se han documentado irregularidades como el cobro indebido a los arrendatarios por un supuesto 'Servicio de Atención al Inquilino', el cual incluye gastos que deberían corresponder al propietario.