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El mercado inmobiliario español vuelve a estar en el centro de la polémica por comisiones abusivas y acoso a inquilinos
La denuncia de una pareja sobre tarifas exorbitantes y una querella contra un fondo buitre evidencian prácticas abusivas en el sector.
Publicado: 7 de diciembre de 2025, 11:46
El mercado de la vivienda en España se enfrenta a serias controversias debido a prácticas consideradas abusivas, que han saltado al primer plano de la discusión pública. Recientemente, una pareja de agentes inmobiliarios ha hecho pública su indignación por una comisión de 8.000 euros más IVA exigida por una agencia para la compra de un piso. Esto ha generado un intenso debate sobre la ética en las tarifas de intermediación inmobiliaria, cuestionando hasta dónde pueden llegar estas demandas y criticando que ahora las agencias cobran también a los compradores.
En otro contexto, un juzgado en Madrid ha admitido una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión, presentado por vecinos que han sufrido hostigamiento para abandonar sus casas. Los denunciantes describen situaciones extremas que pueden considerarse acoso estructural y ambiental, resaltando el deterioro de la calidad de vida de los inquilinos, lo que podría ser considerado delito según la legislación española.
Ambos casos reflejan la creciente preocupación por las prácticas en el mercado inmobiliario, donde se observan abusos tanto en la compra como en el alquiler. Las denuncias han llevado a expertos a exigir regulaciones más efectivas para proteger a los consumidores, subrayando la importancia de establecer límites en las comisiones y perseguir el acoso hacia inquilinos, en un esfuerzo por garantizar una vivienda digna para todos.
En otro contexto, un juzgado en Madrid ha admitido una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión, presentado por vecinos que han sufrido hostigamiento para abandonar sus casas. Los denunciantes describen situaciones extremas que pueden considerarse acoso estructural y ambiental, resaltando el deterioro de la calidad de vida de los inquilinos, lo que podría ser considerado delito según la legislación española.
Ambos casos reflejan la creciente preocupación por las prácticas en el mercado inmobiliario, donde se observan abusos tanto en la compra como en el alquiler. Las denuncias han llevado a expertos a exigir regulaciones más efectivas para proteger a los consumidores, subrayando la importancia de establecer límites en las comisiones y perseguir el acoso hacia inquilinos, en un esfuerzo por garantizar una vivienda digna para todos.