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El juicio contra la enfermera que fingió vacunar a más de 400 niños en Bizkaia podría culminar en una condena de hasta 17 años de prisión
La acusada es señalada por familias que denuncian su rápida y dudosa práctica durante un año en un ambulatorio de Santurtzi.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 12:36
La Audiencia de Bizkaia ha iniciado el juicio contra una enfermera de 52 años acusada de simular la vacunación de 404 niños en un centro de salud de Santurtzi, un caso que ha conmocionado a la comunidad local. Las denuncias se originaron entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, cuando se sospechó que la enfermera administraba las vacunas de manera apresurada y con comentarios en contra de la vacunación.
Las familias afectadas alertaron a las autoridades al notar irregularidades en el registro de vacunaciones. Un error en la cartilla de vacunación expuso la falta de anticuerpos en varios menores, lo que condujo a una investigación del Servicio Vasco de Salud. Durante el juicio, se han presentado varios testimonios de padres que describieron cómo la falta de reacciones típicas de la vacunación les hizo dudar del proceso.
La acusación particular solicita entre 12 y 17 años de prisión por delitos de daños y falsedad documental, mientras que la Fiscalía pide 7 años y medio, resaltando el carácter público de los delitos. Las familias buscan justicia y que la enfermera no vuelva a ejercer en la sanidad, lo que ha generado un gasto considerable en vacunas para los menores que no fueron debidamente inoculados.
Las familias afectadas alertaron a las autoridades al notar irregularidades en el registro de vacunaciones. Un error en la cartilla de vacunación expuso la falta de anticuerpos en varios menores, lo que condujo a una investigación del Servicio Vasco de Salud. Durante el juicio, se han presentado varios testimonios de padres que describieron cómo la falta de reacciones típicas de la vacunación les hizo dudar del proceso.
La acusación particular solicita entre 12 y 17 años de prisión por delitos de daños y falsedad documental, mientras que la Fiscalía pide 7 años y medio, resaltando el carácter público de los delitos. Las familias buscan justicia y que la enfermera no vuelva a ejercer en la sanidad, lo que ha generado un gasto considerable en vacunas para los menores que no fueron debidamente inoculados.