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El juez investiga los protocolos de residencias y solicita pruebas de oposición a Francisco Javier Martínez Peromingo
El autor del protocolo de la vergüenza deberá presentar mensajes y correos que demuestren su desacuerdo con los criterios discriminatorios aplicados.
Publicado: 13 de diciembre de 2025, 22:23
En un avance importante para el caso de las muertes ocurridas en residencias durante la pandemia de COVID-19, un juez ha solicitado a Francisco Javier Martínez Peromingo que presente los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp donde supuestamente expresó su oposición a los criterios de exclusión aplicados a los mayores. Esta solicitud se produce en el contexto de una investigación que busca esclarecer las más de 7,291 muertes en residencias durante la primera ola del virus en marzo de 2020.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha pedido específicamente que Peromingo, quien fue el responsable de redactar los polémicos protocolos, aporte pruebas que acrediten su rechazo a ellos. Durante sus declaraciones, Peromingo ha repetido que fue presionado por Carlos Mur, quien le encargó elaborar estos protocolos. Sin embargo, ha afirmado que las versiones iniciales de dichos protocolos eran discriminatorias, lo cual contradice los principios de igualdad en la prestación de servicios sanitarios.
El testimonio de Peromingo es visto como fundamental, ya que su defensa ha intentado desviar la responsabilidad hacia Mur. Este caso ha reactivado el interés público y la lucha de las familias afectadas por las muertes en residencias, que exigen justicia y clarificaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria. La próxima audiencia podría arrojar más luz sobre la responsabilidad de los involucrados y el tratamiento que recibieron los ancianos durante este periodo crítico.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha pedido específicamente que Peromingo, quien fue el responsable de redactar los polémicos protocolos, aporte pruebas que acrediten su rechazo a ellos. Durante sus declaraciones, Peromingo ha repetido que fue presionado por Carlos Mur, quien le encargó elaborar estos protocolos. Sin embargo, ha afirmado que las versiones iniciales de dichos protocolos eran discriminatorias, lo cual contradice los principios de igualdad en la prestación de servicios sanitarios.
El testimonio de Peromingo es visto como fundamental, ya que su defensa ha intentado desviar la responsabilidad hacia Mur. Este caso ha reactivado el interés público y la lucha de las familias afectadas por las muertes en residencias, que exigen justicia y clarificaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria. La próxima audiencia podría arrojar más luz sobre la responsabilidad de los involucrados y el tratamiento que recibieron los ancianos durante este periodo crítico.