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El juez investiga las donaciones de Ábalos al PSOE tras detectar discrepancias en sus cuentas y los registros fiscales
La Unidad Central Operativa pide al PSOE y al Congreso información detallada sobre los pagos y donaciones del exministro entre 2014 y 2024.
Publicado: 10 de julio de 2025, 19:48
La investigación sobre las finanzas del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha tomado un nuevo giro, ya que el Tribunal Supremo ha solicitado de manera formal al PSOE y al Congreso información detallada acerca de las donaciones y retribuciones de Ábalos durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024. Esta medida responde a las preocupaciones manifestadas por la Unidad Central Operativa (UCO), que ha señalado discrepancias significativas entre lo que la Agencia Tributaria reporta en relación a los ingresos y lo que efectivamente se refleja en las cuentas bancarias de Ábalos.
Los registros muestran que la Agencia Tributaria atribuye a Ábalos un total de 751.421,57 euros en ingresos, mientras que sus cuentas indican que solo ha recibido 79.841,74 euros. El juez ha requerido información exhaustiva sobre cada transacción para aclarar la situación económica de Ábalos y los pagos realizados al PSOE, resaltando la importancia de la transparencia ante las acusaciones existentes.
El PSOE ha defendido que todas sus aportaciones y pagos están debidamente declarados ante la Hacienda pública y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La resolución judicial también ha solicitado datos sobre la vida laboral de varios empresarios que están bajo la lupa investigativa, buscando establecer vínculos laborales e informativos esenciales para la causa.
Los registros muestran que la Agencia Tributaria atribuye a Ábalos un total de 751.421,57 euros en ingresos, mientras que sus cuentas indican que solo ha recibido 79.841,74 euros. El juez ha requerido información exhaustiva sobre cada transacción para aclarar la situación económica de Ábalos y los pagos realizados al PSOE, resaltando la importancia de la transparencia ante las acusaciones existentes.
El PSOE ha defendido que todas sus aportaciones y pagos están debidamente declarados ante la Hacienda pública y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La resolución judicial también ha solicitado datos sobre la vida laboral de varios empresarios que están bajo la lupa investigativa, buscando establecer vínculos laborales e informativos esenciales para la causa.