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El juez investiga contratos sanitarios en Andalucía y cita a declarar a altos cargos, incluyendo a la viceconsejera de Hacienda.
La investigación se centra en la concesión de 242 millones en contratos de emergencia, presuntamente irregulares, durante la pandemia.
Publicado: 10 de septiembre de 2025, 11:57
En un contexto de creciente preocupación por las irregularidades en la gestión de contratos públicos, el juez del Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla ha convocado a declarar a varios altos funcionarios andaluces, incluidos los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez. Esta investigación se origina de una denuncia interpuesta por el PSOE, que alerta sobre posibles delitos de prevaricación relacionados con la adjudicación de contratos sanitarios durante la pandemia de COVID-19.
Los gerentes del SAS, Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, están citados para comparecer el próximo 25 de noviembre como imputados, mientras que Martínez testificará una semana antes. Las declaraciones se centran en la autorización de contratos por la vía de emergencia, un procedimiento utilizado entre 2020 y 2024 que ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y control. La investigación judicial se refiere a un total de 242 millones de euros que fueron asignados a empresas privadas sin pasar por el proceso de licitación debido a la declaración de emergencia.
La viceconsejera, quien era interventora general durante el periodo investigado, es crucial en esta investigación, ya que aprobó un cambio en los sistemas de control que pudo haber facilitado el abuso en el uso de los contratos de emergencia. El juez también ha pedido registros completos del proceso de contratación y de las obras del antiguo hospital militar de Sevilla, un proyecto emblemático que ha sido criticado por su ineficiencia y el uso cuestionable de los fondos públicos.
Los gerentes del SAS, Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, están citados para comparecer el próximo 25 de noviembre como imputados, mientras que Martínez testificará una semana antes. Las declaraciones se centran en la autorización de contratos por la vía de emergencia, un procedimiento utilizado entre 2020 y 2024 que ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y control. La investigación judicial se refiere a un total de 242 millones de euros que fueron asignados a empresas privadas sin pasar por el proceso de licitación debido a la declaración de emergencia.
La viceconsejera, quien era interventora general durante el periodo investigado, es crucial en esta investigación, ya que aprobó un cambio en los sistemas de control que pudo haber facilitado el abuso en el uso de los contratos de emergencia. El juez también ha pedido registros completos del proceso de contratación y de las obras del antiguo hospital militar de Sevilla, un proyecto emblemático que ha sido criticado por su ineficiencia y el uso cuestionable de los fondos públicos.