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El juez Hurtado rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras polémica sobre su cálculo
La decisión se produjo después de que el novio de Ayuso desistiera de elevar la fianza a 300.000 euros, aduciendo que ya estaba cubierta.
Publicado: 17 de septiembre de 2025, 06:49
La reciente controversia en torno a la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un giro inesperado con la decisión del juez Ángel Hurtado de reducir la fianza de 150.000 euros a 75.000 euros, reconociendo que cometió un error al incluir en su cálculo la posible indemnización y las multas, lo que contradice la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. La fianza original quedó sujeta a cuestionamientos legales, lo que llevó a una rectificación después de que el fiscal general consignara el dinero exigido.
El papel del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, complicó el caso. Este había solicitado que la fianza se elevara a 300.000 euros, pero desistió tras comprobar que García Ortiz presentó un aval hipotecario superior. El juez Hurtado justificó la nueva fianza dividiéndola en 50.000 euros para una posible indemnización y el resto para costas, alineando su decisión con la doctrina del Tribunal Constitucional que prohíbe incluir multas en fianzas previas al juicio. El desistimiento de González Amador se basó en que el aval hipotecario presentado por García Ortiz cubre más del doble de la fianza inicial. Esta decisión de González Amador fue comunicada al Tribunal Supremo en un escrito donde retiró su petición para que se exigiese la fianza de 300.000 euros, aceptando la nueva cifra de 75.000 euros, aun cuando no renunció a su reclamo de indemnización.
El contexto político añade un matiz a la situación, transformando el caso en un tema de debate público en el marco electoral. Hurtado enfrenta el desafío de equilibrar justicia y política, mientras el proceso judicial sigue generando interés y discusión en el ámbito político español. González Amador insiste en que su reclamación de 300.000 euros es justa accediendo a las implicaciones personales y familiares que la situación ha provocado, dada la mediatización del caso y las acusaciones que ha enfrentado en el espacio público.
El papel del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, complicó el caso. Este había solicitado que la fianza se elevara a 300.000 euros, pero desistió tras comprobar que García Ortiz presentó un aval hipotecario superior. El juez Hurtado justificó la nueva fianza dividiéndola en 50.000 euros para una posible indemnización y el resto para costas, alineando su decisión con la doctrina del Tribunal Constitucional que prohíbe incluir multas en fianzas previas al juicio. El desistimiento de González Amador se basó en que el aval hipotecario presentado por García Ortiz cubre más del doble de la fianza inicial. Esta decisión de González Amador fue comunicada al Tribunal Supremo en un escrito donde retiró su petición para que se exigiese la fianza de 300.000 euros, aceptando la nueva cifra de 75.000 euros, aun cuando no renunció a su reclamo de indemnización.
El contexto político añade un matiz a la situación, transformando el caso en un tema de debate público en el marco electoral. Hurtado enfrenta el desafío de equilibrar justicia y política, mientras el proceso judicial sigue generando interés y discusión en el ámbito político español. González Amador insiste en que su reclamación de 300.000 euros es justa accediendo a las implicaciones personales y familiares que la situación ha provocado, dada la mediatización del caso y las acusaciones que ha enfrentado en el espacio público.