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El juez del Supremo cita a declarar a Ábalos y Koldo García tras indicar la UCO ingresos irregulares de más de 95.000 euros.
Ambos deberán comparecer ante el juez los días 15 y 16 de octubre para aclarar su situación patrimonial y los indicios de criminalidad.
Publicado: 6 de octubre de 2025, 12:11
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García han sido citados a declarar por el Tribunal Supremo el próximo 15 y 16 de octubre, a raíz de un informe de la UCO que reveló ingresos irregulares de 95.437 euros relacionados con ambos. El juez Leopoldo Puente destacó que este informe ahonda en los indicios de criminalidad previamente establecidos, sugiriendo que ambos pudieron emplear métodos poco transparentes para gestionar sus patrimonios.
Además, el informe indica que Koldo García asumió numerosos gastos en nombre de Ábalos, incluyendo pagos por la pensión alimenticia de uno de los hijos del exministro y pagos de nóminas, lo que plantea serias preguntas sobre el origen de estos fondos. Desde 2018, se ha evidenciado que Ábalos no reintegró efectivo a sus cuentas, contrastando con su comportamiento anterior de realizar retiros regulares, lo que intensifica las sospechas de ingresos ilícitos.
La declaración se especializará en los aspectos tratados en el informe de la UCO y en evaluar si están implicados en una red de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos públicos, incluyendo un análisis sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Recientemente, el juez que lleva el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha ordenado investigar a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la etapa de Ábalos como ministro. El juez ha solicitado a doce entidades bancarias y a Hacienda documentación laboral, tributaria y financiera de ambos, subrayando que la UCO ha encontrado evidencias que podrían confirmar su implicación en delitos como malversación y tráfico de influencias.
Además, el informe indica que Koldo García asumió numerosos gastos en nombre de Ábalos, incluyendo pagos por la pensión alimenticia de uno de los hijos del exministro y pagos de nóminas, lo que plantea serias preguntas sobre el origen de estos fondos. Desde 2018, se ha evidenciado que Ábalos no reintegró efectivo a sus cuentas, contrastando con su comportamiento anterior de realizar retiros regulares, lo que intensifica las sospechas de ingresos ilícitos.
La declaración se especializará en los aspectos tratados en el informe de la UCO y en evaluar si están implicados en una red de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos públicos, incluyendo un análisis sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Recientemente, el juez que lleva el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha ordenado investigar a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la etapa de Ábalos como ministro. El juez ha solicitado a doce entidades bancarias y a Hacienda documentación laboral, tributaria y financiera de ambos, subrayando que la UCO ha encontrado evidencias que podrían confirmar su implicación en delitos como malversación y tráfico de influencias.