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El Instituto de Empresa no tiene correos de la asesora de Begoña Gómez, lo que complica la investigación del juez Peinado
La falta de mensajes podría dificultar el análisis de la UCO sobre un posible delito de malversación en el caso de la esposa del presidente.
Publicado: 3 de octubre de 2025, 12:17
En el marco de la investigación del juez Juan Carlos Peinado relacionada con un presunto delito de malversación, el Instituto de Empresa ha notificado que no posee correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Esta información surge después de que Peinado solicitara al Instituto estos correos, cruciales para determinar si hubo desvío de fondos públicos por parte de la asesora en sus funciones. Según la directora de la asesoría jurídica del Instituto, se han hecho las averiguaciones pertinentes y no se han encontrado correos enviados ni recibidos por Álvarez.
El juez ha particularizado que la falta de correos electrónicos impide el análisis que podría llevar a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En su providencia, Peinado expone que el informe recibido del Instituto establece que no existen comunicaciones de este tipo, lo que plantea interrogantes sobre la posibilidad de avanzar en la investigación penal en relación a las funciones que desempeñaba Álvarez para Gómez.
La ausencia de comunicación escrita ha llevado a Peinado a consultar tanto a la Fiscalía como a la defensa de Álvarez si desean continuar con el recurso que habían presentado contra la diligencia que solicitaba los correos. Tanto la Fiscalía como los respectivos abogados han negado que los hechos constituyan un delito de malversación, lo que complica aún más la situación. El desarrollo de esta investigación se hace crítica, ya que implica un potencial juicio por un caso que toca la relación entre el uso de recursos públicos y la función privada de la mujer del presidente del Gobierno. Recientemente, se han presentado más de 100 correos electrónicos de Álvarez intercambiados con la Universidad Complutense, lo que ha llevado al juez Peinado a solicitar los correos del Instituto de Empresa para establecer posibles relaciones y responsabilidades en el uso de fondos públicos. Sin embargo, tras la reciente negativa del IE a facilitar esos correos, Peinado ha afirmado que no va a ser posible llevar a cabo un análisis a través de la UCO.
El juez ha particularizado que la falta de correos electrónicos impide el análisis que podría llevar a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En su providencia, Peinado expone que el informe recibido del Instituto establece que no existen comunicaciones de este tipo, lo que plantea interrogantes sobre la posibilidad de avanzar en la investigación penal en relación a las funciones que desempeñaba Álvarez para Gómez.
La ausencia de comunicación escrita ha llevado a Peinado a consultar tanto a la Fiscalía como a la defensa de Álvarez si desean continuar con el recurso que habían presentado contra la diligencia que solicitaba los correos. Tanto la Fiscalía como los respectivos abogados han negado que los hechos constituyan un delito de malversación, lo que complica aún más la situación. El desarrollo de esta investigación se hace crítica, ya que implica un potencial juicio por un caso que toca la relación entre el uso de recursos públicos y la función privada de la mujer del presidente del Gobierno. Recientemente, se han presentado más de 100 correos electrónicos de Álvarez intercambiados con la Universidad Complutense, lo que ha llevado al juez Peinado a solicitar los correos del Instituto de Empresa para establecer posibles relaciones y responsabilidades en el uso de fondos públicos. Sin embargo, tras la reciente negativa del IE a facilitar esos correos, Peinado ha afirmado que no va a ser posible llevar a cabo un análisis a través de la UCO.