Progresista 83.33%Conservador 16.67%
El Govern de Catalunya insiste en la inclusión de la ordinalidad en la financiación mientras negocia con el Ministerio de Hacienda.
La falta de consenso sobre este criterio podría retrasar la aprobación de los presupuestos para 2026.
Publicado: 21 de octubre de 2025, 19:27
En un contexto de ansiedad política, el Govern de Catalunya está en negociaciones con el Ministerio de Hacienda acerca de una nueva propuesta de financiación, donde el concepto de ordinalidad se erige como uno de los puntos más cruciales. La ordinalidad implica que la comunidad autónoma reciba recursos en función de su aportación a la caja común, un aspecto que el Govern considera fundamental para cumplir con sus objetivos y sanear las cuentas públicas.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su compromiso de presentar una propuesta sobre financiación en un futuro cercano. Sílvia Paneque, portavoz del Govern, ha declarado que es innegociable que tanto los criterios de ordinalidad como la gestión y recaudación del IRPF sean parte del texto del acuerdo. Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta desafíos de comunicación y negociación con ERC y los Comuns, quienes han advertido sobre la necesidad de incluir estos criterios para avanzar.
En este contexto, el partido Junts per Catalunya ha registrado recientemente una proposición de ley en el Parlament que busca reducir el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, argumentando que la presión fiscal en Catalunya es una "desventaja estructural" que afecta la competitividad y el atractivo para las inversiones. Esta propuesta incluye una reducción del IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros y una eliminación del impuesto que consideran una forma de doble imposición que penaliza el ahorro.
El clima de incertidumbre se ha intensificado por las tensiones políticas que rodean estas negociaciones, donde el ruido político ha dificultado un avance claro. La discusión sobre la financiación catalana está entrelazada con múltiples variables políticas y económicas que el Govern intenta maniobrar con paciencia y estrategia, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de las nuevas discusiones presupuestarias.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su compromiso de presentar una propuesta sobre financiación en un futuro cercano. Sílvia Paneque, portavoz del Govern, ha declarado que es innegociable que tanto los criterios de ordinalidad como la gestión y recaudación del IRPF sean parte del texto del acuerdo. Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta desafíos de comunicación y negociación con ERC y los Comuns, quienes han advertido sobre la necesidad de incluir estos criterios para avanzar.
En este contexto, el partido Junts per Catalunya ha registrado recientemente una proposición de ley en el Parlament que busca reducir el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, argumentando que la presión fiscal en Catalunya es una "desventaja estructural" que afecta la competitividad y el atractivo para las inversiones. Esta propuesta incluye una reducción del IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros y una eliminación del impuesto que consideran una forma de doble imposición que penaliza el ahorro.
El clima de incertidumbre se ha intensificado por las tensiones políticas que rodean estas negociaciones, donde el ruido político ha dificultado un avance claro. La discusión sobre la financiación catalana está entrelazada con múltiples variables políticas y económicas que el Govern intenta maniobrar con paciencia y estrategia, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de las nuevas discusiones presupuestarias.