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El Govern de Cataluña enfrenta obstáculos legales para personarse como acusación en el caso de una menor violada por pederastas
La falta de consentimiento del padre de la víctima retrasa las acciones legales tras la revelación de una trama de explotación sexual infantil.
Publicado: 19 de junio de 2025, 12:55
El caso de una menor que fue víctima de violación y explotación sexual por una red de pederastas ha puesto en el centro de la controversia al Govern de Cataluña, que intenta personarse como acusación en el proceso judicial. Sin embargo, un mes después de anunciar su intención de actuar, el Govern todavía no ha podido hacer efectiva su comparecencia debido a la falta de consentimiento del padre de la menor, quien mantiene la patria potestad sobre ella. Esta situación complica el seguimiento judicial del caso y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección infantil en la región.
El Ejecutivo catalán ha manifestado su voluntad de personarse como acusación popular en este caso, que ha despertado una fuerte indignación pública y ha llevado a un escrutinio intenso sobre la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA). La crisis estalló cuando se revelaron los actos de explotación sexual que sufrieron la menor y otras víctimas mientras estaban bajo guarda de la administración. A pesar de que el conseller Mònica Martínez Bravo se comprometió a iniciar una investigación interna y actuar en representación de la menor, hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo esta actuación por las limitaciones legales que presenta su situación bajo guarda.
La importancia del consentimiento familiar se ha vuelto el enfoque central en este caso, ya que la Generalitat sólo puede intervenir legalmente con la autorización de los tutores. Aunque ha habido intentos por parte del Govern de establecer comunicación con la familia, hasta ahora no se ha logrado obtener el permiso necesario, lo que es relevante porque, de no conseguir el consentimiento, el Govern no podrá personarse en la primera causa que se encuentra en fase de juicio y cuya resolución se espera para la primavera de 2026.
El Ejecutivo catalán ha manifestado su voluntad de personarse como acusación popular en este caso, que ha despertado una fuerte indignación pública y ha llevado a un escrutinio intenso sobre la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA). La crisis estalló cuando se revelaron los actos de explotación sexual que sufrieron la menor y otras víctimas mientras estaban bajo guarda de la administración. A pesar de que el conseller Mònica Martínez Bravo se comprometió a iniciar una investigación interna y actuar en representación de la menor, hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo esta actuación por las limitaciones legales que presenta su situación bajo guarda.
La importancia del consentimiento familiar se ha vuelto el enfoque central en este caso, ya que la Generalitat sólo puede intervenir legalmente con la autorización de los tutores. Aunque ha habido intentos por parte del Govern de establecer comunicación con la familia, hasta ahora no se ha logrado obtener el permiso necesario, lo que es relevante porque, de no conseguir el consentimiento, el Govern no podrá personarse en la primera causa que se encuentra en fase de juicio y cuya resolución se espera para la primavera de 2026.