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El Gobierno y la Iglesia firman un acuerdo histórico para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica
El acuerdo, que se realiza bajo la supervisión del Defensor del Pueblo, busca facilitar reparaciones económicas para quienes no pueden acudir a la justicia.
Publicado: 8 de enero de 2026, 10:45
En un avance significativo en la lucha por la justicia y la reparación de víctimas de abusos sexuales, el Gobierno español y la Iglesia católica han llegado a un acuerdo que permitirá la reparación a aquellas personas cuyas denuncias no han podido ser atendidas judicialmente. Este convenio será formalizado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los líderes eclesiásticos, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, durante una firma que se llevará a cabo este jueves.
Este acuerdo surge en respuesta a las críticas y demandas de las víctimas que han reclamado durante años justicia por los abusos sufridos. La reparación incluirá tanto compensaciones económicas como un reconocimiento formal por parte de la Iglesia. El Defensor del Pueblo jugará un papel crucial en este proceso, supervisando y evaluando cada uno de los casos presentados, garantizando así una participación activa de quienes han sufrido abusos.
A través de esta colaboración entre el Estado y la Iglesia, se espera que las víctimas puedan acceder a reparaciones que no tributaran en el IRPF, un punto crítico dado que previamente se reportaron situaciones donde las víctimas debían enfrentar la carga impositiva tras recibir indemnizaciones. Este acuerdo también establece un marco temporal que ilustra la intención del Gobierno y la Iglesia de seguir trabajando juntos en la protección de los derechos de las víctimas.
Este acuerdo surge en respuesta a las críticas y demandas de las víctimas que han reclamado durante años justicia por los abusos sufridos. La reparación incluirá tanto compensaciones económicas como un reconocimiento formal por parte de la Iglesia. El Defensor del Pueblo jugará un papel crucial en este proceso, supervisando y evaluando cada uno de los casos presentados, garantizando así una participación activa de quienes han sufrido abusos.
A través de esta colaboración entre el Estado y la Iglesia, se espera que las víctimas puedan acceder a reparaciones que no tributaran en el IRPF, un punto crítico dado que previamente se reportaron situaciones donde las víctimas debían enfrentar la carga impositiva tras recibir indemnizaciones. Este acuerdo también establece un marco temporal que ilustra la intención del Gobierno y la Iglesia de seguir trabajando juntos en la protección de los derechos de las víctimas.