Progresista 35%Conservador 65%
El Gobierno toma medidas para apoyar las energías renovables en medio de la carga de deuda eléctrica de los consumidores
La aprobación de nuevos decretos busca blindar el sector renovable frente a la crisis de precios y recursos judiciales.
Publicado: 26 de junio de 2025, 07:04
En un contexto marcado por la crisis de precios en el sector energético, el Gobierno español ha implementado una serie de medidas para apoyar a las organizaciones de energías renovables y garantizar la viabilidad económica de sus proyectos. Las recientes noticias reflejan una combinación de desafíos y soluciones que enfrenta el sector energético, con un foco especial en la necesidad de proteger las inversiones y mejorar la rentabilidad de las plantas renovables.
El Ejecutivo introduce un salvaguarda clave en el Real Decreto-ley 7/2025, que busca minimizar el impacto de los precios de electricidad que han caído a niveles nulos o negativos. Esto se traduce en una reducción del 25% en el número mínimo de horas de funcionamiento requeridas para la retribución de las plantas renovables. Por otro lado, se estima que los consumidores españoles seguirán pagando hasta 3,150 millones de euros por la deuda acumulada del sistema eléctrico hasta 2028, además de la aprobación de medidas para proteger las inversiones frente a paralizaciones judiciales.
Estos movimientos gubernamentales representan una respuesta a los desafíos que enfrenta el sector energético español y la necesidad urgente de asegurar la estabilidad de la producción de energías renovables, en un marco de crecimiento sostenido y de compromiso con la descarbonización.
El Ejecutivo introduce un salvaguarda clave en el Real Decreto-ley 7/2025, que busca minimizar el impacto de los precios de electricidad que han caído a niveles nulos o negativos. Esto se traduce en una reducción del 25% en el número mínimo de horas de funcionamiento requeridas para la retribución de las plantas renovables. Por otro lado, se estima que los consumidores españoles seguirán pagando hasta 3,150 millones de euros por la deuda acumulada del sistema eléctrico hasta 2028, además de la aprobación de medidas para proteger las inversiones frente a paralizaciones judiciales.
Estos movimientos gubernamentales representan una respuesta a los desafíos que enfrenta el sector energético español y la necesidad urgente de asegurar la estabilidad de la producción de energías renovables, en un marco de crecimiento sostenido y de compromiso con la descarbonización.