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El Gobierno refuerza la playa de Matalascañas tras los daños del temporal y descarta expropiaciones de viviendas
Se invertirán seis millones de euros para la regeneración del litoral y se analizan responsabilidades patrimoniales
Publicado: 16 de enero de 2026, 01:27
El Gobierno de España ha decidido no realizar expropiaciones en Matalascañas, frente a las preocupaciones por los daños causados por el temporal reciente. La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, reafirmó que la prioridad del Ejecutivo es la protección y regeneración del litoral mediante acciones técnicas y planificadas, incluyendo la aportación de aproximadamente 700.000 metros cúbicos de arena, con una inversión cercana a los seis millones de euros.
Estas acciones buscan detener la erosión del litoral y aumentar la altura de nueve espigones para mejorar la resistencia frente a futuros eventos climáticos. Además, el Ayuntamiento de Almonte está recolectando documentación para una reclamación de responsabilidad patrimonial, dado que los daños ascendieron a unos nueve millones de euros en áreas con mantenimiento deficiente de la arena.
La situación es crítica, con más de medio centenar de casas en riesgo, y aunque el Gobierno ha aconsejado un retroceso de la línea urbanizada, la administración local se opone por el impacto en la comunidad. Una próxima reunión entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica se centrará en planificar la estrategia para garantizar la seguridad de la playa y de los residentes locales.
Estas acciones buscan detener la erosión del litoral y aumentar la altura de nueve espigones para mejorar la resistencia frente a futuros eventos climáticos. Además, el Ayuntamiento de Almonte está recolectando documentación para una reclamación de responsabilidad patrimonial, dado que los daños ascendieron a unos nueve millones de euros en áreas con mantenimiento deficiente de la arena.
La situación es crítica, con más de medio centenar de casas en riesgo, y aunque el Gobierno ha aconsejado un retroceso de la línea urbanizada, la administración local se opone por el impacto en la comunidad. Una próxima reunión entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica se centrará en planificar la estrategia para garantizar la seguridad de la playa y de los residentes locales.