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El Gobierno reestructura políticas de vivienda: nuevo coeficiente de plusvalía y propuesta de prórroga para contratos de alquiler
Las recientes medidas reflejan el enfoque del Ejecutivo para regular el sector inmobiliario en un contexto de emergencia habitacional.
Publicado: 27 de diciembre de 2025, 23:04
En un contexto marcado por la crisis de vivienda en España, el Gobierno ha actualizado los coeficientes del impuesto de plusvalía municipal mientras que Sumar, un socio del Gobierno, intenta impulsar la prórroga de contratos de alquiler que están por vencer. Estas dos acciones son parte de una serie de nuevas políticas que buscan responder a la creciente tensión en el mercado de la vivienda.
La primera medida establece una modificación de los coeficientes aplicados al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), buscando desalentar la compra-venta veloz con fines lucrativos mientras se alivia la carga tributaria para quienes mantienen sus propiedades por períodos más prolongados. Paralelamente, Sumar promueve un real decreto que obligaría a prorrogar los contratos de alquiler que finalizarán pronto, protegiendo a millones de inquilinos ante la subida de precios. En este entorno, el mercado hipotecario español también ha enfrentado cambios significativos. Según datos recientes, cada día se firman 2.270 hipotecas en España, y seis de cada diez son a tipo fijo, marcando su cota más alta en 15 años. Esto es un reflejo de la creciente preferencia por la estabilidad en los tipos de interés, con un tipo medio de hipoteca fija en 2,81%. Sin embargo, a pesar de estas condiciones más favorables, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío debido al encarecimiento de los precios y la escasez de oferta. Las previsiones apuntan a que el año 2026 será complicado para aquellos que buscan adquirir su primera vivienda, a pesar de la mejora en las condiciones hipotecarias.
Las iniciativas reflejan un intento del Gobierno para establecer una nueva normativa que contrarreste la especulación y proteja los derechos de los inquilinos, equilibrando las necesidades de la población con el funcionamiento del mercado inmobiliario.
La primera medida establece una modificación de los coeficientes aplicados al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), buscando desalentar la compra-venta veloz con fines lucrativos mientras se alivia la carga tributaria para quienes mantienen sus propiedades por períodos más prolongados. Paralelamente, Sumar promueve un real decreto que obligaría a prorrogar los contratos de alquiler que finalizarán pronto, protegiendo a millones de inquilinos ante la subida de precios. En este entorno, el mercado hipotecario español también ha enfrentado cambios significativos. Según datos recientes, cada día se firman 2.270 hipotecas en España, y seis de cada diez son a tipo fijo, marcando su cota más alta en 15 años. Esto es un reflejo de la creciente preferencia por la estabilidad en los tipos de interés, con un tipo medio de hipoteca fija en 2,81%. Sin embargo, a pesar de estas condiciones más favorables, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío debido al encarecimiento de los precios y la escasez de oferta. Las previsiones apuntan a que el año 2026 será complicado para aquellos que buscan adquirir su primera vivienda, a pesar de la mejora en las condiciones hipotecarias.
Las iniciativas reflejan un intento del Gobierno para establecer una nueva normativa que contrarreste la especulación y proteja los derechos de los inquilinos, equilibrando las necesidades de la población con el funcionamiento del mercado inmobiliario.