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El Gobierno reconoce a Guillem Agulló como víctima del terrorismo
El Consejo de Ministros le concede a título póstumo la Gran Cruz, 33 años después de su asesinato por un grupo neonazi.
Publicado: 17 de noviembre de 2026, 16:16
El Consejo de Ministros ha reconocido este martes a Guillem Agulló como víctima del terrorismo y le ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. El joven antifascista valenciano fue asesinado en 1993, cuando tenía 18 años, en Montanejos (Castellón).
La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó que la solicitud presentada por la familia atribuía al crimen una motivación política e ideológica vinculada a la militancia antifascista de Agulló y a la ideología de sus agresores. El ministro de Hacienda, Arcadi España, consideró la decisión un reconocimiento de justicia y reparación y lamentó que durante demasiado tiempo no se reconociera esa motivación.
Agulló, vecino de Burjassot, estaba de acampada con amigos durante las vacaciones de Pascua cuando, el 11 de abril de 1993, se produjo un enfrentamiento con un grupo de jóvenes de ideología fascista. Pedro Cuevas Silvestre, integrante del grupo neonazi Komando Marchalenes IV Reich, le asestó una puñalada mortal en el corazón y confesó los hechos.
De los cinco acusados, Cuevas fue el único condenado, por homicidio, y cumplió cuatro años de cárcel. La Audiencia Provincial de Castellón y el Tribunal Supremo no calificaron el crimen como terrorismo ni apreciaron la agravante de motivación ideológica, pese a que la instrucción y la Fiscalía habían sostenido el móvil político. Años después, Cuevas se presentó en las listas locales de un partido de extrema derecha.
El reconocimiento llega tras décadas de reclamaciones de la familia. Sus padres, Carme Salvador y Guillem Agulló, y su hermana Betlem se reunieron el 6 de noviembre en València con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de un mitin. Le trasladaron su petición y el presidente se comprometió a estudiar cómo atenderla. Al encuentro acudieron también Diana Morant, Arcadi España, Rebeca Torró y Pilar Bernabé.
La familia había dirigido una carta a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir su implicación. En ella cuestionaba que el reconocimiento dependiera de quienes, a su juicio, no habían visto el trasfondo ultraderechista del asesinato. La misiva se hizo pública en un acto en Madrid con el apoyo de diputados de varias formaciones. La petición estaba respaldada por más de 200 personalidades y entidades, entre ellas Covite y la Fundación Fernando Buesa.
Tras recibir la petición, Interior solicitó informes a la Guardia Civil y a la Audiencia de Castellón; el de la Guardia Civil fue desfavorable. Según Compromís, posteriormente se pidieron dos informes independientes que permitieron avanzar en el reconocimiento.
El Ministerio del Interior informó de que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recabó informes de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la Cátedra de Estudios sobre Terrorismo y Derechos de sus Víctimas de la Universidad de Valencia. Con ese respaldo, Grande-Marlaska elevó al Consejo de Ministros el real decreto aprobado este martes.
La fundación situó el crimen en una secuencia de actos violentos letales de inspiración neonazi ocurridos en España entre 1990 y 1995. También señaló la posterior utilización pública del caso en propaganda neonazi para ensalzar la violencia política, humillar a la víctima y atemorizar a la ciudadanía.
La cátedra sostuvo que el asesinato puede valorarse hoy como terrorismo y señaló que el artículo 573 vigente del Código Penal amplió el concepto para incluir conductas cometidas al margen de una organización o grupo terrorista cuando persigan los mismos objetivos.
Compromís atribuyó el reconocimiento a la lucha de la familia y de la sociedad civil valenciana. También lo celebraron la ministra Diana Morant y la dirigente socialista Pilar Bernabé. Una película sobre el caso y un libro de Nuria Cadenas han contribuido a difundir la historia de Agulló entre nuevas generaciones.
La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó que la solicitud presentada por la familia atribuía al crimen una motivación política e ideológica vinculada a la militancia antifascista de Agulló y a la ideología de sus agresores. El ministro de Hacienda, Arcadi España, consideró la decisión un reconocimiento de justicia y reparación y lamentó que durante demasiado tiempo no se reconociera esa motivación.
Agulló, vecino de Burjassot, estaba de acampada con amigos durante las vacaciones de Pascua cuando, el 11 de abril de 1993, se produjo un enfrentamiento con un grupo de jóvenes de ideología fascista. Pedro Cuevas Silvestre, integrante del grupo neonazi Komando Marchalenes IV Reich, le asestó una puñalada mortal en el corazón y confesó los hechos.
De los cinco acusados, Cuevas fue el único condenado, por homicidio, y cumplió cuatro años de cárcel. La Audiencia Provincial de Castellón y el Tribunal Supremo no calificaron el crimen como terrorismo ni apreciaron la agravante de motivación ideológica, pese a que la instrucción y la Fiscalía habían sostenido el móvil político. Años después, Cuevas se presentó en las listas locales de un partido de extrema derecha.
El reconocimiento llega tras décadas de reclamaciones de la familia. Sus padres, Carme Salvador y Guillem Agulló, y su hermana Betlem se reunieron el 6 de noviembre en València con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de un mitin. Le trasladaron su petición y el presidente se comprometió a estudiar cómo atenderla. Al encuentro acudieron también Diana Morant, Arcadi España, Rebeca Torró y Pilar Bernabé.
La familia había dirigido una carta a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir su implicación. En ella cuestionaba que el reconocimiento dependiera de quienes, a su juicio, no habían visto el trasfondo ultraderechista del asesinato. La misiva se hizo pública en un acto en Madrid con el apoyo de diputados de varias formaciones. La petición estaba respaldada por más de 200 personalidades y entidades, entre ellas Covite y la Fundación Fernando Buesa.
Tras recibir la petición, Interior solicitó informes a la Guardia Civil y a la Audiencia de Castellón; el de la Guardia Civil fue desfavorable. Según Compromís, posteriormente se pidieron dos informes independientes que permitieron avanzar en el reconocimiento.
El Ministerio del Interior informó de que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recabó informes de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la Cátedra de Estudios sobre Terrorismo y Derechos de sus Víctimas de la Universidad de Valencia. Con ese respaldo, Grande-Marlaska elevó al Consejo de Ministros el real decreto aprobado este martes.
La fundación situó el crimen en una secuencia de actos violentos letales de inspiración neonazi ocurridos en España entre 1990 y 1995. También señaló la posterior utilización pública del caso en propaganda neonazi para ensalzar la violencia política, humillar a la víctima y atemorizar a la ciudadanía.
La cátedra sostuvo que el asesinato puede valorarse hoy como terrorismo y señaló que el artículo 573 vigente del Código Penal amplió el concepto para incluir conductas cometidas al margen de una organización o grupo terrorista cuando persigan los mismos objetivos.
Compromís atribuyó el reconocimiento a la lucha de la familia y de la sociedad civil valenciana. También lo celebraron la ministra Diana Morant y la dirigente socialista Pilar Bernabé. Una película sobre el caso y un libro de Nuria Cadenas han contribuido a difundir la historia de Agulló entre nuevas generaciones.
Cómo ha evolucionado esta historia
3 capítulos, del más antiguo al más reciente.
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