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El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del hotel Algarrobico, acercando su expropiación y probable demolición
La decisión acelera el proceso para que el Estado ocupe los terrenos del hotel ilegal y facilita su derribo.
Publicado: 19 de agosto de 2025, 11:57
El Gobierno de España ha decidido rechazar el recurso presentado por la promotora Azata del Sol respecto a la expropiación de terrenos del hotel de El Algarrobico, lo que representa un avance hacia la ocupación estatal de estos terrenos considerados ilegales. Esta decisión ha sido respaldada por informes de la Dirección General de la Costa y del Mar, así como de la Abogacía del Estado, que sostienen que la documentación existente justifica la expropiación.
Además, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acelera los plazos para el derribo del hotel, lo cual ha estado en litigio desde 2006. Con esta resolución, el MITECO ha confirmado la necesidad de ocupación de los terrenos y ha puesto fin a la vía administrativa tras el recurso interpuesto por Azata del Sol. El Ministerio, bajo la dirección de la ministra Sara Aagesen, prevé “agilizar” el proceso y espera que la demolición pueda realizarse antes de finalizar el año, fortalece la expectativa de muchos en la comunidad local que han estado presionando para que se lleve a cabo el derribo.
Azata del Sol ahora deberá presentar una propuesta de valoración económica de los terrenos expropiados, aunque su intención de recurrir los plazos podría ser complicada. La presión de administraciones locales y grupos sociales ha impulsado esta acción, reflejando una creciente preocupación por restaurar la legalidad en la zona y proteger el medio ambiente.
El contexto del caso ha cambiado con la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Carboneras, que reclasifica la zona como suelo no urbanizable, y la decisión de la Junta de Andalucía de involucrarse en el proceso de expropiación. A pesar de ello, el Gobierno andaluz ha planteado que el enfoque para el derribo debería centrarse en la anulación de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. Esto marca un posible cambio de estrategia en la administración autonómica respecto a un asunto que ha sido objeto de disputas legales durante años, donde se ha argumentado que el uso y destino del hotel es “incompatible” con la legislación vigente sobre suelos protegidos y el impacto ambiental en la costa.
Además, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acelera los plazos para el derribo del hotel, lo cual ha estado en litigio desde 2006. Con esta resolución, el MITECO ha confirmado la necesidad de ocupación de los terrenos y ha puesto fin a la vía administrativa tras el recurso interpuesto por Azata del Sol. El Ministerio, bajo la dirección de la ministra Sara Aagesen, prevé “agilizar” el proceso y espera que la demolición pueda realizarse antes de finalizar el año, fortalece la expectativa de muchos en la comunidad local que han estado presionando para que se lleve a cabo el derribo.
Azata del Sol ahora deberá presentar una propuesta de valoración económica de los terrenos expropiados, aunque su intención de recurrir los plazos podría ser complicada. La presión de administraciones locales y grupos sociales ha impulsado esta acción, reflejando una creciente preocupación por restaurar la legalidad en la zona y proteger el medio ambiente.
El contexto del caso ha cambiado con la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Carboneras, que reclasifica la zona como suelo no urbanizable, y la decisión de la Junta de Andalucía de involucrarse en el proceso de expropiación. A pesar de ello, el Gobierno andaluz ha planteado que el enfoque para el derribo debería centrarse en la anulación de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. Esto marca un posible cambio de estrategia en la administración autonómica respecto a un asunto que ha sido objeto de disputas legales durante años, donde se ha argumentado que el uso y destino del hotel es “incompatible” con la legislación vigente sobre suelos protegidos y el impacto ambiental en la costa.