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El Gobierno prorroga el salario mínimo de 2025 y exonera a desempleados de presentar declaración de la renta
La reciente decisión del Ejecutivo busca evitar vacíos legales mientras se negocia la nueva cuantía del SMI para 2026.
Publicado: 29 de enero de 2026, 16:15
El Ministerio de Trabajo ha activado la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente al año 2025 tras el rechazo del decreto que incluía medidas sociales que también afectaban las pensiones. Este rechazo generó la necesidad de asegurar que el SMI continuara vigente, fijándose en 1.221 euros mensuales en 14 pagas mientras se negocia la nueva cifra para 2026. La situación ha generado preocupación entre empresarios, aunque el Ministerio ha confirmado que los contratos en vigor no se verán afectados por la derogación del decreto.
Además, el Gobierno ha decidido exonerar a los desempleados de presentar la declaración de la renta, lo que evita complicaciones fiscales para millones de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. Esta decisión busca aliviar la carga administrativa y ha sido bien recibida por la ciudadanía, aunque algunos colectivos específicos seguirán obligados a presentar su declaración. La normativa previa había generado inquietud, considerando que podría suponer una carga económica adicional para quienes están sin empleo.
El Ministerio de Trabajo continuará negociando con los agentes sociales sobre la futura subida del SMI y ha instado a la Inspección de Trabajo a vigilar el cumplimiento de las normas laborales, reflejando la intersección entre políticas laborales y fiscales que impactan a la población más vulnerable en España.
Además, el Gobierno ha decidido exonerar a los desempleados de presentar la declaración de la renta, lo que evita complicaciones fiscales para millones de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. Esta decisión busca aliviar la carga administrativa y ha sido bien recibida por la ciudadanía, aunque algunos colectivos específicos seguirán obligados a presentar su declaración. La normativa previa había generado inquietud, considerando que podría suponer una carga económica adicional para quienes están sin empleo.
El Ministerio de Trabajo continuará negociando con los agentes sociales sobre la futura subida del SMI y ha instado a la Inspección de Trabajo a vigilar el cumplimiento de las normas laborales, reflejando la intersección entre políticas laborales y fiscales que impactan a la población más vulnerable en España.