Progresista 70.1%Conservador 29.9%
El Gobierno propone aumentar el salario mínimo un 3,1% en 2026, alcanzando así los 1.221 euros mensuales manteniéndolo exento de IRPF
La medida busca mejorar la situación económica de los trabajadores y se debatirá entre sindicatos y patronales en los próximos días.
Publicado: 15 de enero de 2026, 04:38
El Ministerio de Trabajo ha presentado una propuesta para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.184 a 1.221 euros al mes en 2026, lo que implica un aumento del 3,1%. Esta medida responde a las preocupaciones sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante la inflación y el aumento del coste de vida. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, anunció que la propuesta se debatirá entre sindicatos y patronales, y uno de los temas centrales será la decisión de mantener el SMI exento de tributación en el IRPF.
El aumento del SMI, aunque más moderado que incrementos anteriores, busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con las preocupaciones económicas de los empresarios. Los sindicatos han abogado por un incremento más significativo, argumentando que un aumento del 7,5% es necesario para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio neto. Existen preocupaciones sobre el impacto de esta medida en los contratos públicos y las organizaciones empresariales han pedido revisar las normas para evitar que las subidas del SMI no se repercutan en contratos gubernamentales.
El escenario actual refleja la complejidad de las negociaciones en torno al SMI, donde cada parte tiene intereses diferentes. El Ministerio de Trabajo persigue un aumento que ayude a los trabajadores a mantener su poder adquisitivo, mientras que las patronales son cautelosas respecto a los costos adicionales que enfrentarían las empresas. La decisión final dependerá de las negociaciones entre el Gobierno, sindicatos y empresarios para lograr un marco laboral más justo.
El aumento del SMI, aunque más moderado que incrementos anteriores, busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con las preocupaciones económicas de los empresarios. Los sindicatos han abogado por un incremento más significativo, argumentando que un aumento del 7,5% es necesario para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio neto. Existen preocupaciones sobre el impacto de esta medida en los contratos públicos y las organizaciones empresariales han pedido revisar las normas para evitar que las subidas del SMI no se repercutan en contratos gubernamentales.
El escenario actual refleja la complejidad de las negociaciones en torno al SMI, donde cada parte tiene intereses diferentes. El Ministerio de Trabajo persigue un aumento que ayude a los trabajadores a mantener su poder adquisitivo, mientras que las patronales son cautelosas respecto a los costos adicionales que enfrentarían las empresas. La decisión final dependerá de las negociaciones entre el Gobierno, sindicatos y empresarios para lograr un marco laboral más justo.