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El Gobierno presenta un proyecto de ley que regula el secreto profesional de los periodistas y la desclasificación de documentos secretos
La nueva normativa establece límites para el espionaje a informadores y redefine los plazos de desclasificación de la información histórica.
Publicado: 23 de julio de 2025, 06:51
El reciente proyecto de ley presentado por el Gobierno español busca regular el secreto profesional de los periodistas, estableciendo condiciones específicas bajo las cuales se podrá vulnerar este derecho esencial. La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, establece que el secreto profesional solo podrá ser limitado si se trata de evitar un daño grave e inminente a la vida o la seguridad de las personas, o si se requiere para preservar la seguridad nacional y los elementos esenciales de la Constitución. Esto implica que, en circunstancias extraordinarias, los jueces podrán autorizar medidas de vigilancia intrusiva, como la instalación de software espía en dispositivos de comunicación de los periodistas, aunque siempre bajo estrictas condiciones.
Adicionalmente, se destaca que la ley protege a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes de información, salvo en situaciones donde la revelación sea el único medio para evitar un daño inmediato. La normativa también aboga por la protección del derecho a la información y la libertad de expresión, asegurando que los profesionales de la comunicación puedan acceder a información veraz y de interés público.
Por otro lado, el mismo proyecto de ley incluye una reforma significativa respecto a la normativa de clasificación de documentos. Se propone que la información clasificada anterior a 1981 se desclasifique automáticamente, salvo que persistiera un riesgo para la seguridad nacional. Esto podría liberar información sobre eventos históricos relevantes, como el 23-F y el caso de los GAL, promoviendo una mayor transparencia sobre aspectos oscuros de la historia reciente de España.
Adicionalmente, se destaca que la ley protege a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes de información, salvo en situaciones donde la revelación sea el único medio para evitar un daño inmediato. La normativa también aboga por la protección del derecho a la información y la libertad de expresión, asegurando que los profesionales de la comunicación puedan acceder a información veraz y de interés público.
Por otro lado, el mismo proyecto de ley incluye una reforma significativa respecto a la normativa de clasificación de documentos. Se propone que la información clasificada anterior a 1981 se desclasifique automáticamente, salvo que persistiera un riesgo para la seguridad nacional. Esto podría liberar información sobre eventos históricos relevantes, como el 23-F y el caso de los GAL, promoviendo una mayor transparencia sobre aspectos oscuros de la historia reciente de España.