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El gobierno peruano declara estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la creciente ola de violencia y criminalidad.
La decisión se toma tras las protestas masivas que dejaron un muerto y más de 120 heridos, en un contexto de crisis institucional.
Publicado: 17 de octubre de 2025, 06:59
El gobierno interino de Perú ha anunciado la declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana en respuesta a la creciente inseguridad a raíz de disturbios violentos y protestas. Esta medida, comunicada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, busca combatir la delincuencia tras la muerte del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz durante un enfrentamiento con la policía, lo que intensificó la indignación popular. Según informes, más de 120 personas resultaron heridas durante las protestas masivas que estallaron el 15 de octubre, reflejando la grave situación de violencia en el país.
El gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar el despliegue de fuerzas de seguridad y evaluar la posibilidad de establecer un toque de queda. El primer ministro Álvarez ha indicado que esta medida vendrá acompañada de un paquete de normas “concretas y eficaces” para abordar la criminalidad.
Durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional para recuperar el control territorial y llevar a cabo acciones contra la delincuencia organizada. Esta situación crítica ha generado paros y movilizaciones por casos de extorsión y sicariato. El presidente interino, José Jerí, quien asumió recientemente tras la destitución de Dina Boluarte, está comprometido a implementar medidas efectivas ante la creciente amenaza del crimen organizado.
La crisis social en Perú está alimentada por la desigualdad económica y la falta de representación política. Los organismos internacionales han instado al gobierno a respetar las libertades civiles y manejar la situación con cautela, evitando el uso excesivo de la fuerza durante la aplicación de estas medidas. La declaración permitirá al Ejecutivo restringir derechos constitucionales, incluyendo la libertad de reunión y el tránsito, además de facilitar operativos policiales sin orden judicial.
El gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar el despliegue de fuerzas de seguridad y evaluar la posibilidad de establecer un toque de queda. El primer ministro Álvarez ha indicado que esta medida vendrá acompañada de un paquete de normas “concretas y eficaces” para abordar la criminalidad.
Durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional para recuperar el control territorial y llevar a cabo acciones contra la delincuencia organizada. Esta situación crítica ha generado paros y movilizaciones por casos de extorsión y sicariato. El presidente interino, José Jerí, quien asumió recientemente tras la destitución de Dina Boluarte, está comprometido a implementar medidas efectivas ante la creciente amenaza del crimen organizado.
La crisis social en Perú está alimentada por la desigualdad económica y la falta de representación política. Los organismos internacionales han instado al gobierno a respetar las libertades civiles y manejar la situación con cautela, evitando el uso excesivo de la fuerza durante la aplicación de estas medidas. La declaración permitirá al Ejecutivo restringir derechos constitucionales, incluyendo la libertad de reunión y el tránsito, además de facilitar operativos policiales sin orden judicial.