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El Gobierno inicia trámite para evitar mayores indemnizaciones en Renfe por retrasos a partir del 1 de enero
La reforma intenta esquivar el mandato del Congreso que mejora las compensaciones para los viajeros en trenes de alta velocidad.
Publicado: 1 de enero de 2026, 02:02
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado el procedimiento para reformar el reglamento del sector ferroviario, con el objetivo de evitar la aplicación de una nueva política de indemnizaciones que aumentaría las compensaciones por retrasos de Renfe. Este cambio se produce en un contexto donde el Congreso aprobó, a finales de noviembre, una iniciativa que obligaría a la compañía pública a retornar a un sistema de indemnizaciones más beneficioso para los usuarios, comenzando el próximo 1 de enero de 2026.
La reforma a la que se refiere el Ministerio busca cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible, la cual incluye una disposición que establece nuevas políticas de indemnización por retrasos, aplicables solamente a Renfe. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha concluido que la operadora no tiene la obligación de implementar esta norma sin un desarrollo normativo adicional. Esto implica que, por el momento, los pasajeros de Renfe seguirán bajo las mismas condiciones que han existido hasta ahora, a pesar del mandato legislativo aprobado por el Congreso.
La decisión de mantener el sistema actual de indemnizaciones se fundamenta en la preocupación de que obligar a Renfe a aplicar mayores indemnizaciones la colocaría en desventaja frente a sus competidores. El presidente de Renfe ha señalado que la adopción del nuevo sistema de indemnizaciones podría llevar a un aumento significativo de los costos para la empresa, lo que podría traducirse en un incremento de las tarifas que impactaría a los viajeros.
La reforma a la que se refiere el Ministerio busca cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible, la cual incluye una disposición que establece nuevas políticas de indemnización por retrasos, aplicables solamente a Renfe. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha concluido que la operadora no tiene la obligación de implementar esta norma sin un desarrollo normativo adicional. Esto implica que, por el momento, los pasajeros de Renfe seguirán bajo las mismas condiciones que han existido hasta ahora, a pesar del mandato legislativo aprobado por el Congreso.
La decisión de mantener el sistema actual de indemnizaciones se fundamenta en la preocupación de que obligar a Renfe a aplicar mayores indemnizaciones la colocaría en desventaja frente a sus competidores. El presidente de Renfe ha señalado que la adopción del nuevo sistema de indemnizaciones podría llevar a un aumento significativo de los costos para la empresa, lo que podría traducirse en un incremento de las tarifas que impactaría a los viajeros.