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El Gobierno impulsa un recurso contra la prioridad nacional de la ley valenciana
El Consejo de Ministros pide a Pedro Sánchez impugnar 20 artículos de la norma de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026.
Publicado: 11 de noviembre de 2026, 07:51
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra 20 artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026. Entre las disposiciones cuestionadas figura la llamada prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a prestaciones sociales.
La norma, aprobada en julio por las Corts Valencianes con los votos de PP y Vox, contiene 200 artículos. El Ejecutivo considera que el criterio de prioridad nacional vulnera el artículo 14 de la Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, y el mandato de igualdad material efectiva del artículo 9.2, tanto respecto a las personas extranjeras como a las nacionales cuando el arraigo lo fija la comunidad autónoma.
Una de las disposiciones afecta a la promoción de viviendas en municipios pequeños y establece la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana. La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó que el Gobierno impugna este concepto tanto en materia de vivienda como de prestaciones sociales.
El recurso cuestiona también la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, así como las infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento. Según el Ejecutivo, la medida invade competencias estatales en ámbitos como la seguridad pública, el transporte y la sanidad, y vulnera el principio de igualdad por su efecto disuasorio y discriminatorio.
En el ámbito educativo, el Gobierno sostiene que la ley convierte en potestativa la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros, una obligación que la normativa básica estatal configura como imperativa. Saiz señaló que también se impugna la eliminación de referencias expresas a la no discriminación y a la diversidad sexual, familiar y de género. Además, el Ejecutivo considera inconstitucional la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas en los centros educativos.
Otra de las disposiciones recurridas extiende la obligación de proteger el derecho a la vida a los no nacidos. El Gobierno sostiene que contradice el artículo 15 de la Constitución, altera el régimen de la personalidad jurídica e invade competencias estatales. También advierte de que la obligación impuesta a la Generalitat de proteger esa vida cuando exista riesgo o amenaza puede restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En materia de extranjería, el Ejecutivo cuestiona que se establezca como prioritaria la reagrupación familiar de los menores tutelados no acompañados sin sujetarla al procedimiento y las garantías previstos en la ley estatal, cuyo procedimiento cuenta con la participación de la Administración General del Estado y el Ministerio Fiscal. A su juicio, la disposición afecta a decisiones sobre su permanencia o retorno e invade la competencia exclusiva estatal en extranjería.
El Gobierno recurre asimismo cambios en el régimen de provisión y remoción de puestos de la función pública valenciana. Considera que exigir a los funcionarios de otras administraciones al menos diez años de antigüedad para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, porque el requisito no resulta equivalente al exigido a los funcionarios de la Generalitat. También cuestiona la regulación de proyectos estratégicos de energías renovables por una presunta invasión de competencias estatales en medio ambiente, régimen energético y planificación económica.
La ley salió adelante frente al rechazo del PSPV-PSOE y Compromís y completó el acuerdo entre PP y Vox que permitió aprobar los presupuestos autonómicos. El PP aceptó todas las enmiendas de Vox salvo la que planteaba un recorte mayor de la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra Diana Morant había anunciado en julio la intención del Gobierno de recurrir la norma.
El acuerdo del Consejo de Ministros llega a menos de tres semanas de las elecciones estatales. El Parlamento valenciano fue el primero en incluir la prioridad nacional en una ley; hasta entonces, la fórmula se contemplaba en acuerdos de gobierno en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
La norma, aprobada en julio por las Corts Valencianes con los votos de PP y Vox, contiene 200 artículos. El Ejecutivo considera que el criterio de prioridad nacional vulnera el artículo 14 de la Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, y el mandato de igualdad material efectiva del artículo 9.2, tanto respecto a las personas extranjeras como a las nacionales cuando el arraigo lo fija la comunidad autónoma.
Una de las disposiciones afecta a la promoción de viviendas en municipios pequeños y establece la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana. La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó que el Gobierno impugna este concepto tanto en materia de vivienda como de prestaciones sociales.
El recurso cuestiona también la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, así como las infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento. Según el Ejecutivo, la medida invade competencias estatales en ámbitos como la seguridad pública, el transporte y la sanidad, y vulnera el principio de igualdad por su efecto disuasorio y discriminatorio.
En el ámbito educativo, el Gobierno sostiene que la ley convierte en potestativa la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros, una obligación que la normativa básica estatal configura como imperativa. Saiz señaló que también se impugna la eliminación de referencias expresas a la no discriminación y a la diversidad sexual, familiar y de género. Además, el Ejecutivo considera inconstitucional la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas en los centros educativos.
Otra de las disposiciones recurridas extiende la obligación de proteger el derecho a la vida a los no nacidos. El Gobierno sostiene que contradice el artículo 15 de la Constitución, altera el régimen de la personalidad jurídica e invade competencias estatales. También advierte de que la obligación impuesta a la Generalitat de proteger esa vida cuando exista riesgo o amenaza puede restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En materia de extranjería, el Ejecutivo cuestiona que se establezca como prioritaria la reagrupación familiar de los menores tutelados no acompañados sin sujetarla al procedimiento y las garantías previstos en la ley estatal, cuyo procedimiento cuenta con la participación de la Administración General del Estado y el Ministerio Fiscal. A su juicio, la disposición afecta a decisiones sobre su permanencia o retorno e invade la competencia exclusiva estatal en extranjería.
El Gobierno recurre asimismo cambios en el régimen de provisión y remoción de puestos de la función pública valenciana. Considera que exigir a los funcionarios de otras administraciones al menos diez años de antigüedad para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, porque el requisito no resulta equivalente al exigido a los funcionarios de la Generalitat. También cuestiona la regulación de proyectos estratégicos de energías renovables por una presunta invasión de competencias estatales en medio ambiente, régimen energético y planificación económica.
La ley salió adelante frente al rechazo del PSPV-PSOE y Compromís y completó el acuerdo entre PP y Vox que permitió aprobar los presupuestos autonómicos. El PP aceptó todas las enmiendas de Vox salvo la que planteaba un recorte mayor de la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra Diana Morant había anunciado en julio la intención del Gobierno de recurrir la norma.
El acuerdo del Consejo de Ministros llega a menos de tres semanas de las elecciones estatales. El Parlamento valenciano fue el primero en incluir la prioridad nacional en una ley; hasta entonces, la fórmula se contemplaba en acuerdos de gobierno en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.