El Gobierno impulsa el empleo público y la jubilación anticipada en un contexto de negociación sindical incierta

El Ministerio de Función Pública tiene previsto convocar cerca de 1.000 plazas de empleo público para la Administración General del Estado (AGE), como parte de una estrategia para garantizar la jubilación parcial anticipada de su personal laboral. Esta medida surge tras una reforma de pensiones que modifica las condiciones de contratación, buscando asegurar que los trabajadores tengan opciones para una jubilación anticipada que había estado en suspenso. A su vez, el acuerdo planeado para 2024 promete que los relevistas sean contratados de forma indefinida y a tiempo completo, facilitando la incorporación de nuevos trabajadores.

Sin embargo, las negociaciones con los sindicatos presentan incertidumbres, especialmente en torno a la falta de cifras concretas para la Oferta de Empleo Público (OEP) del 2025, que se espera sea aprobada en julio. Las organizaciones sindicales han señalado su preocupación por la falta de compromisos firmes del Gobierno sobre el número de plazas, lo que dificulta su apoyo a cualquier acuerdo. Existen temores de que la oferta de este año sea inferior a las 40.000 plazas del año anterior, lo que genera inquietud sobre el crecimiento del empleo neto.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de 1.328 nuevas plazas para universidades, un incremento del 12,6% respecto al año anterior, con el objetivo de cubrir vacantes generadas por jubilaciones. Esta oportunidad subraya la necesidad de renovar las plantillas en el ámbito educativo, y se implementa a través de un proceso de selección por concurso, resaltando la importancia de un empleo público robusto en medio de una atmósfera de tensiones y expectativas sobre la creación de empleo.