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El Gobierno impugna el veto de PP y Vox sobre los rezos musulmanes en Jumilla por considerarlo una restricción a la libertad religiosa
La Abogacía del Estado solicita la suspensión del acuerdo que prohibe los actos islámicos en polideportivos, alegando violaciones a la Constitución.
Publicado: 15 de octubre de 2025, 12:41
El Gobierno de España ha decidido recurrir ante los tribunales el veto del Ayuntamiento de Jumilla que impide rezos musulmanes en centros deportivos, calificado como ideológico y excluyente por la Abogacía del Estado. La acción busca proteger el derecho a la libertad religiosa garantizado por la Constitución, ante un acuerdo que restringe injustificadamente este derecho fundamental.
Este veto, aprobado por el único concejal de Vox en Jumilla, ha generado preocupaciones sobre la exclusión religiosa y es considerado el primero de su tipo en España. La comunidad musulmana ha usado las instalaciones para festividades sin problemas de orden público previos, lo que añade a la controversia la naturaleza pionera de la decisión que podría considerarse hacia un retroceso en derechos civiles.
El Gobierno condena esta medida como parte de una 'deriva autoritaria' de la derecha y ultraderecha, reafirmando su compromiso de impugnar acciones que limiten los derechos fundamentales, alineándose con otras iniciativas contra políticas que restringen derechos civiles en comunidades gobernadas por estas fuerzas políticas.
Este veto, aprobado por el único concejal de Vox en Jumilla, ha generado preocupaciones sobre la exclusión religiosa y es considerado el primero de su tipo en España. La comunidad musulmana ha usado las instalaciones para festividades sin problemas de orden público previos, lo que añade a la controversia la naturaleza pionera de la decisión que podría considerarse hacia un retroceso en derechos civiles.
El Gobierno condena esta medida como parte de una 'deriva autoritaria' de la derecha y ultraderecha, reafirmando su compromiso de impugnar acciones que limiten los derechos fundamentales, alineándose con otras iniciativas contra políticas que restringen derechos civiles en comunidades gobernadas por estas fuerzas políticas.