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El Gobierno impugna el veto de PP y Vox sobre los rezos musulmanes en Jumilla por considerarlo una restricción a la libertad religiosa
La Abogacía del Estado solicita la suspensión del acuerdo que prohibe los actos islámicos en polideportivos, alegando violaciones a la Constitución.
Publicado: 15 de octubre de 2025, 12:41
El Gobierno de España ha decidido recurrir ante los tribunales el veto del Ayuntamiento de Jumilla que impide rezos musulmanes en centros deportivos, calificado como ideológico y excluyente por la Abogacía del Estado. La acción busca proteger el derecho a la libertad religiosa garantizado por la Constitución, ante un acuerdo que restringe injustificadamente este derecho fundamental.
Este veto, aprobado por el único concejal de Vox en Jumilla, ha generado preocupaciones sobre la exclusión religiosa y es considerado el primero de su tipo en España. La Abogacía del Estado interpuso el 13 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra este polémico acuerdo, tras reconocer que tiene por única finalidad limitar injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, lo que resulta contrario al artículo 16 de la Constitución española. La comunidad musulmana ha usado las instalaciones para festividades sin problemas de orden público previos, lo que añade a la controversia la naturaleza pionera de la decisión que podría considerarse hacia un retroceso en derechos civiles.
El Gobierno expresa su preocupación por la aprobación de este tipo de medidas, que infringen el principio de neutralidad confesional de la Administración y la exigencia de motivación suficiente y proporcionalidad en la limitación del uso de los espacios públicos. La moción fue respaldada por PP y Vox, quienes reconocieron que el acuerdo se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones importadas, como la conocida 'fiesta del cordero', argumentando que estos eventos resultan completamente ajenos a los usos y costumbres que han configurado la identidad nacional. El Gobierno condena esta medida como parte de una 'deriva autoritaria' de la derecha y ultraderecha, reafirmando su compromiso de impugnar acciones que limiten los derechos fundamentales. Esta decisión se enmarca en una serie de iniciativas del Gobierno para combatir políticas que restringen derechos civiles en comunidades gobernadas por estas fuerzas políticas.
Este veto, aprobado por el único concejal de Vox en Jumilla, ha generado preocupaciones sobre la exclusión religiosa y es considerado el primero de su tipo en España. La Abogacía del Estado interpuso el 13 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra este polémico acuerdo, tras reconocer que tiene por única finalidad limitar injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, lo que resulta contrario al artículo 16 de la Constitución española. La comunidad musulmana ha usado las instalaciones para festividades sin problemas de orden público previos, lo que añade a la controversia la naturaleza pionera de la decisión que podría considerarse hacia un retroceso en derechos civiles.
El Gobierno expresa su preocupación por la aprobación de este tipo de medidas, que infringen el principio de neutralidad confesional de la Administración y la exigencia de motivación suficiente y proporcionalidad en la limitación del uso de los espacios públicos. La moción fue respaldada por PP y Vox, quienes reconocieron que el acuerdo se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones importadas, como la conocida 'fiesta del cordero', argumentando que estos eventos resultan completamente ajenos a los usos y costumbres que han configurado la identidad nacional. El Gobierno condena esta medida como parte de una 'deriva autoritaria' de la derecha y ultraderecha, reafirmando su compromiso de impugnar acciones que limiten los derechos fundamentales. Esta decisión se enmarca en una serie de iniciativas del Gobierno para combatir políticas que restringen derechos civiles en comunidades gobernadas por estas fuerzas políticas.