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El Gobierno exige a comunidades autónomas garantizar el derecho al aborto creando un registro de objetores en tres meses
Pedro Sánchez envía un requerimiento formal a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para asegurar el acceso de las mujeres a este derecho fundamental.
Publicado: 6 de octubre de 2025, 12:09
El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado a las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid que creen un registro de objetores de conciencia en un plazo de tres meses, a fin de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Este registro es parte de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y, sin su implementación, el acceso de las mujeres al aborto se ve limitado, a pesar de ser un derecho avalado por el Tribunal Constitucional.
La respuesta de las comunidades ha sido variada; mientras que algunos presidentes, como el de Aragón, han manifestado su intención de cumplir con la ley, otros, como Isabel Díaz Ayuso de Madrid, se han opuesto a la creación del registro, argumentando que estigmatizan a los profesionales de la salud. Este requerimiento se da en un ambiente político tenso, donde partidos como el PP y Vox han intentado restringir el acceso al aborto, promoviendo una narrativa política controvertida en torno a este derecho.
El Gobierno, además, ha propuesto considerar el derecho al aborto en la Constitución para asegurar un acceso garantizado para todas las mujeres en España. Esta acción responde no solo a la exigencia de cumplir la normativa, sino también a enfrentar un debate social cada vez más polarizado sobre el aborto en el país.
La respuesta de las comunidades ha sido variada; mientras que algunos presidentes, como el de Aragón, han manifestado su intención de cumplir con la ley, otros, como Isabel Díaz Ayuso de Madrid, se han opuesto a la creación del registro, argumentando que estigmatizan a los profesionales de la salud. Este requerimiento se da en un ambiente político tenso, donde partidos como el PP y Vox han intentado restringir el acceso al aborto, promoviendo una narrativa política controvertida en torno a este derecho.
El Gobierno, además, ha propuesto considerar el derecho al aborto en la Constitución para asegurar un acceso garantizado para todas las mujeres en España. Esta acción responde no solo a la exigencia de cumplir la normativa, sino también a enfrentar un debate social cada vez más polarizado sobre el aborto en el país.