Progresista 83.33%Conservador 16.67%
El Gobierno estudia prohibir contratos a empresas corruptoras pero advierte sobre complicaciones legales y administrativas.
Sumar presiona para una reforma que impida la contratación pública a empresas condenadas por corrupción tras el escándalo de Santos Cerdán.
Publicado: 18 de junio de 2025, 08:22
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un dilema tras las revelaciones sobre Santos Cerdán en una trama de corrupción. La coalición Sumar ha propuesto reformar la legislación para prohibir la contratación con empresas condenadas por corrupción, subrayando la necesidad de desincentivar estas prácticas y proteger la integridad de las instituciones públicas.
Los líderes de Sumar, entre ellos Yolanda Díaz, enfatizan que las empresas corruptas deben enfrentar consecuencias que les excluyan de concursos públicos. En un reciente giro, Díaz y dos ministros de su agrupación se ausentaron de la sesión de control al Gobierno como una manifestación de su descontento con el manejo del caso de Cerdán, marcando una clara distancia del PSOE. Sin embargo, dentro del Gobierno hay preocupaciones sobre la viabilidad de legislar en este sentido; una ley estricta podría ser difícil de implementar y perjudicar la capacidad de contratación pública.
El Gobierno ha mostrado disposición para estudiar las propuestas, pero también ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica. La intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, marcada por un tenso intercambio de acusaciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto de relieve la presión creciente sobre el Ejecutivo respecto a la corrupción. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha intentado desvincular al sector empresarial de la corrupción, aunque la presión política sobre Moncloa crece, especialmente entre sus aliados de izquierda que exigen avances en esta materia. Recientemente, se han intensificado las demandas para que se tomen medidas más contundentes contra las empresas implicadas en corrupción, exigiendo incluso inhabilitaciones de por vida para quienes corrompan.
Los líderes de Sumar, entre ellos Yolanda Díaz, enfatizan que las empresas corruptas deben enfrentar consecuencias que les excluyan de concursos públicos. En un reciente giro, Díaz y dos ministros de su agrupación se ausentaron de la sesión de control al Gobierno como una manifestación de su descontento con el manejo del caso de Cerdán, marcando una clara distancia del PSOE. Sin embargo, dentro del Gobierno hay preocupaciones sobre la viabilidad de legislar en este sentido; una ley estricta podría ser difícil de implementar y perjudicar la capacidad de contratación pública.
El Gobierno ha mostrado disposición para estudiar las propuestas, pero también ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica. La intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, marcada por un tenso intercambio de acusaciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto de relieve la presión creciente sobre el Ejecutivo respecto a la corrupción. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha intentado desvincular al sector empresarial de la corrupción, aunque la presión política sobre Moncloa crece, especialmente entre sus aliados de izquierda que exigen avances en esta materia. Recientemente, se han intensificado las demandas para que se tomen medidas más contundentes contra las empresas implicadas en corrupción, exigiendo incluso inhabilitaciones de por vida para quienes corrompan.