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El Gobierno establece el reparto de menores migrantes entre CCAA y fija ratios de acogida
Con la nueva normativa, comunidades como Andalucía y Madrid recibirán la mayoría de los menores, mientras que Cataluña y País Vasco quedarán al margen.
Publicado: 27 de agosto de 2025, 06:40
El Gobierno español aprobó el 26 de agosto un real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, con una capacidad de acogida fija de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Este nuevo sistema tiene como objetivo aliviar la situación crítica en regiones como Canarias y Ceuta, donde la ocupación ha superado su capacidad ordinaria.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid recibirán la mayor parte de las plazas, pero comunidades como Extremadura, Asturias y Navarra tendrán menos de 400 plazas. Las autoridades de Cataluña y el País Vasco han expresado su oposición a que no recibirán menores en esta fase inicial, generando inquietud entre los gobiernos regionales, especialmente de aquellos que se oponen al Gobierno central.
Los críticos del decreto, principalmente comunidades gobernadas por el Partido Popular, argumentan que esta medida no tiene en cuenta el esfuerzo real de acogida de cada región. En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido intensificar su lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha anunciado que esta región presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Este sería el tercer recurso que Madrid ha interpuesto contra iniciativas similares, al considerarlas "arbitrarias, opacas y discriminatorias". Según Ayuso, el decreto vulnera las competencias autonómicas y ha sido pactado principalmente con partidos independentistas, perjudicando de esta forma a Madrid, que ya ha atendido a 1.300 menores este año.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que los autonomías que no cumplan con la obligatoria acogida de menores migrantes podrían enfrentar intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, se ha confirmado que Canarias ha solicitado la activación de la contingencia migratoria al haber triplicado su capacidad de acogida, lo que permite iniciar la distribución de menores, un proceso que, según Torres, debe iniciarse con inmediatez para evitar el hacinamiento.
En consecuencia, la lista de comunidades que deben acoger a los menores migrantes se ha establecido, con Andalucía a la cabeza con 2.827 plazas, seguida de Cataluña (2.650), y Madrid (2.325). A medida que avanza este proceso, se ha resaltado que la solidaridad en la acogida es crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante, un tema que ha generado divisiones y tensiones entre diferentes administraciones.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid recibirán la mayor parte de las plazas, pero comunidades como Extremadura, Asturias y Navarra tendrán menos de 400 plazas. Las autoridades de Cataluña y el País Vasco han expresado su oposición a que no recibirán menores en esta fase inicial, generando inquietud entre los gobiernos regionales, especialmente de aquellos que se oponen al Gobierno central.
Los críticos del decreto, principalmente comunidades gobernadas por el Partido Popular, argumentan que esta medida no tiene en cuenta el esfuerzo real de acogida de cada región. En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido intensificar su lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha anunciado que esta región presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Este sería el tercer recurso que Madrid ha interpuesto contra iniciativas similares, al considerarlas "arbitrarias, opacas y discriminatorias". Según Ayuso, el decreto vulnera las competencias autonómicas y ha sido pactado principalmente con partidos independentistas, perjudicando de esta forma a Madrid, que ya ha atendido a 1.300 menores este año.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que los autonomías que no cumplan con la obligatoria acogida de menores migrantes podrían enfrentar intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, se ha confirmado que Canarias ha solicitado la activación de la contingencia migratoria al haber triplicado su capacidad de acogida, lo que permite iniciar la distribución de menores, un proceso que, según Torres, debe iniciarse con inmediatez para evitar el hacinamiento.
En consecuencia, la lista de comunidades que deben acoger a los menores migrantes se ha establecido, con Andalucía a la cabeza con 2.827 plazas, seguida de Cataluña (2.650), y Madrid (2.325). A medida que avanza este proceso, se ha resaltado que la solidaridad en la acogida es crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante, un tema que ha generado divisiones y tensiones entre diferentes administraciones.