Progresista 51%Conservador 49%
El Gobierno español refuerza el derecho al aborto mientras confronta a las administraciones del PP sobre la legislación en la materia
La reciente sentencia del TC reconoce el aborto como un derecho fundamental, lo que intensifica el enfrentamiento con las comunidades gobernadas por el PP.
Publicado: 8 de octubre de 2025, 07:08
En el contexto actual de debate sobre el aborto en España, dos movimientos destacados marcan la agenda política del país. Por un lado, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional sentó las bases al considerar el derecho al aborto como un derecho fundamental. Esta sentencia establece que la autodeterminación de la maternidad y la libertad de elección son derechos que deben ser protegidos por el Estado.
El fallo del Tribunal Constitucional se enmarca en un momento político tenso, especialmente con un reciente intento del alcalde de Madrid y Vox de informar sobre el síndrome postaborto. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado sus esfuerzos para consolidar el derecho a decidir sobre el aborto, enviando un requerimiento formal a comunidades autónomas del PP para garantizar que se respete la legalidad del aborto. Recientemente, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la obligación de crear un registro de objetores de conciencia que se ha vuelto un punto conflictivo entre ambas administraciones.
La ministra de Sanidad destacó el uso de todas las herramientas necesarias para hacer cumplir este derecho, especialmente en comunidades que ofrecen resistencia. Esto demuestra cómo el Gobierno de Sánchez busca defender y expandir derechos sociales en un contexto de creciente confrontación política. A menudo, la comunidad madrileña ha rechazado el registro de objetores, con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmando que en Madrid "no se va a perseguir ni señalar a nadie" por su decisión respecto al aborto. Sin embargo, el Gobierno central ha respondido que la ley se debe cumplir y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo.
Además, el PSOE de Madrid ha denunciado que desde 2018 ha habido una caída significativa en la financiación pública para que las mujeres migrantes puedan acceder al aborto en la Comunidad de Madrid. La proporción de interrupciones del embarazo entre mujeres migrantes ha disminuido a un 65,9% en 2024, lo que pone de manifiesto las trabas administrativass que enfrentan estas mujeres. Las críticas al Gobierno de Ayuso también se centran en el apoyo financiero a entidades antiabortistas, que a menudo son acusadas de acosar a mujeres que buscan abortar. En este sentido, el grupo socialista ha presentado mociones en varios ayuntamientos para exigir que se garantice el acceso al aborto sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio. La ministra García ha enfatizado la necesidad de usar todos los recursos jurídicos disponibles para asegurar que "la ley se cumple, punto".
El fallo del Tribunal Constitucional se enmarca en un momento político tenso, especialmente con un reciente intento del alcalde de Madrid y Vox de informar sobre el síndrome postaborto. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado sus esfuerzos para consolidar el derecho a decidir sobre el aborto, enviando un requerimiento formal a comunidades autónomas del PP para garantizar que se respete la legalidad del aborto. Recientemente, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la obligación de crear un registro de objetores de conciencia que se ha vuelto un punto conflictivo entre ambas administraciones.
La ministra de Sanidad destacó el uso de todas las herramientas necesarias para hacer cumplir este derecho, especialmente en comunidades que ofrecen resistencia. Esto demuestra cómo el Gobierno de Sánchez busca defender y expandir derechos sociales en un contexto de creciente confrontación política. A menudo, la comunidad madrileña ha rechazado el registro de objetores, con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmando que en Madrid "no se va a perseguir ni señalar a nadie" por su decisión respecto al aborto. Sin embargo, el Gobierno central ha respondido que la ley se debe cumplir y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo.
Además, el PSOE de Madrid ha denunciado que desde 2018 ha habido una caída significativa en la financiación pública para que las mujeres migrantes puedan acceder al aborto en la Comunidad de Madrid. La proporción de interrupciones del embarazo entre mujeres migrantes ha disminuido a un 65,9% en 2024, lo que pone de manifiesto las trabas administrativass que enfrentan estas mujeres. Las críticas al Gobierno de Ayuso también se centran en el apoyo financiero a entidades antiabortistas, que a menudo son acusadas de acosar a mujeres que buscan abortar. En este sentido, el grupo socialista ha presentado mociones en varios ayuntamientos para exigir que se garantice el acceso al aborto sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio. La ministra García ha enfatizado la necesidad de usar todos los recursos jurídicos disponibles para asegurar que "la ley se cumple, punto".