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El Gobierno español rechaza el veto del PP y Vox a los actos musulmanes en Jumilla y exige su anulación
La controversia genera tensión política entre el Ejecutivo y las fuerzas de derecha por la libertad religiosa en España.
Publicado: 12 de agosto de 2025, 06:36
El Gobierno de España ha decidido entrar en un choque institucional con el Partido Popular (PP) y Vox debido al veto impuesto por estas formaciones al uso de instalaciones públicas para actos religiosos musulmanes en Jumilla. Considerando que esta medida vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reafirmado que el Gobierno defenderá la Constitución y los derechos de la comunidad musulmana.
El Ejecutivo ha formalizado su reacción mediante un requerimiento enviado al Ayuntamiento de Jumilla, exigiendo la anulación de la moción que prohíbe el uso de instalaciones para actos religiosos musulmanes. Este veto afecta celebraciones importantes y se considera que su decisión no se basa en criterios técnicos, sino en una motivación ideológica, señalando un posible avance de dinámicas autoritarias en el país.
A medida que la controversia se intensifica, el Gobierno ha dejado claro su disposición a judicializar el caso si el Ayuntamiento no responde debidamente. La situación ha generado un debate profundo en el contexto de una polarización política en España, resaltando las tensiones entre las políticas del Gobierno central y las estrategias del PP y Vox, que alinean sus discursos con posiciones excluyentes.
El Ejecutivo ha formalizado su reacción mediante un requerimiento enviado al Ayuntamiento de Jumilla, exigiendo la anulación de la moción que prohíbe el uso de instalaciones para actos religiosos musulmanes. Este veto afecta celebraciones importantes y se considera que su decisión no se basa en criterios técnicos, sino en una motivación ideológica, señalando un posible avance de dinámicas autoritarias en el país.
A medida que la controversia se intensifica, el Gobierno ha dejado claro su disposición a judicializar el caso si el Ayuntamiento no responde debidamente. La situación ha generado un debate profundo en el contexto de una polarización política en España, resaltando las tensiones entre las políticas del Gobierno central y las estrategias del PP y Vox, que alinean sus discursos con posiciones excluyentes.