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El Gobierno español lanza nuevas iniciativas laborales: convocatorias de empleo y jornada de 35 horas para funcionarios
La Administración General del Estado convoca cerca de 18.000 puestos de trabajo y establece la jornada laboral de 35 horas semanales.
Publicado: 1 de febrero de 2026, 03:29
El Gobierno de España está implementando importantes cambios en su Administración General, enfocándose en la mejora de las condiciones laborales para sus empleados. Recientemente, ha publicado una convocatoria para 17.986 plazas de empleo público, incluyendo posiciones para administrativos, técnicos y auxiliares, parte de un esfuerzo más amplio por promover un empleo público 'proactivo, innovador e inclusivo'. Además, el Gobierno ha iniciado el procedimiento para la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales, un cambio que afecta a cerca de 246.000 funcionarios y que es un reclamo de los trabajadores de la Administración, pactado con los sindicatos en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI.
La jornada de 35 horas se introducirá a través de nuevas instrucciones sobre horarios de trabajo, con un plazo que dependerá de las negociaciones con los sindicatos, y se espera que sea implementada en los primeros meses de 2026. Los sindicatos, como UGT y CCOO, han celebrado estas decisiones, aunque subrayan la necesidad de que la reducción de jornada se aplique también al personal de instituciones penitenciarias, reflejando un compromiso del Gobierno hacia la mejora de la calidad del empleo y las condiciones laborales en el sector público.
La jornada de 35 horas se introducirá a través de nuevas instrucciones sobre horarios de trabajo, con un plazo que dependerá de las negociaciones con los sindicatos, y se espera que sea implementada en los primeros meses de 2026. Los sindicatos, como UGT y CCOO, han celebrado estas decisiones, aunque subrayan la necesidad de que la reducción de jornada se aplique también al personal de instituciones penitenciarias, reflejando un compromiso del Gobierno hacia la mejora de la calidad del empleo y las condiciones laborales en el sector público.