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El Gobierno español invierte 13.000 millones en Casa 47 para facilitar el acceso a vivienda digna y abordará el estado de 12.000 activos de Sareb.
Isabel Rodríguez anuncia que la nueva entidad pública buscará certificar activos de Sareb mientras se destinan recursos significativos para combatir la crisis de vivienda.
Publicado: 9 de diciembre de 2025, 16:50
El Gobierno de España está tomando medidas concretas para afrontar el déficit de vivienda y asegurar el acceso de los ciudadanos a residencias dignas. En este contexto, Casa 47 se presenta como una respuesta fundamental a la dificultad para encontrar alquileres asequibles, con una inversión de 13.000 millones de euros en una década, comenzando con 1.300 millones anuales a partir de 2026. Se busca garantizar que las rentas no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos, un objetivo crucial en las grandes ciudades donde los precios han alcanzado niveles insostenibles.
La creación de Casa 47 incluye el desafío inmediato de certificar el estado de 12.000 activos de Sareb que son desconocidos actualmente. El Ministerio de Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para contratar una empresa que evalúe la condición de estos activos para su posible inclusión en el parque de alquiler asequible. La iniciativa es parte de un cambio hacia un modelo que prioriza el derecho a la vivienda como un bien público, alejándose de un enfoque centrado en el mercado.
Con recursos asignados y un plan claro, el Gobierno busca transformar la situación de la vivienda en España, asegurando que la clase media, trabajadora y personas vulnerables tengan acceso a un hogar digno en un contexto de creciente presión en el mercado inmobiliario.
La creación de Casa 47 incluye el desafío inmediato de certificar el estado de 12.000 activos de Sareb que son desconocidos actualmente. El Ministerio de Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para contratar una empresa que evalúe la condición de estos activos para su posible inclusión en el parque de alquiler asequible. La iniciativa es parte de un cambio hacia un modelo que prioriza el derecho a la vivienda como un bien público, alejándose de un enfoque centrado en el mercado.
Con recursos asignados y un plan claro, el Gobierno busca transformar la situación de la vivienda en España, asegurando que la clase media, trabajadora y personas vulnerables tengan acceso a un hogar digno en un contexto de creciente presión en el mercado inmobiliario.