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El Gobierno español inicia la ilegalización de la Fundación Francisco Franco: respuesta y alegaciones de la organización franquista
El ministro de Cultura argumenta que la fundación infringe la ley de memoria democrática, mientras su presidente anuncia que presentarán un recurso legal.
Publicado: 1 de noviembre de 2025, 07:41
El Gobierno de España ha comenzado los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, ya que considera que no respeta la ley de memoria democrática y minimiza el sufrimiento de las víctimas de la dictadura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el procedimiento seguido es "escrupuloso" y que hay un expediente jurídicamente sólido que justifica la decisión de ilegalización debido a que la fundación "no persigue el interés general" y enaltece el golpe de Estado. Urtasun ha asegurado que la fundación tiene diez días para presentar alegaciones y ha enfatizado que el ministerio busca acelerar el proceso, con la intención de presentar el expediente final ante la autoridad judicial en un plazo de nueve meses.
La Fundación Nacional Francisco Franco ha respondido a la decisión del Gobierno, anunciando que presentará alegaciones y cuestionando la veracidad de los argumentos gubernamentales. Su presidente, Juan Chicharro, ha calificado de "falsos" los supuestos en los que se basa la resolución, señalando que sus estatutos están actualizados y que lo que se atribuye como apología del franquismo son en realidad actividades legítimas. Además, critican que la Ley de Memoria Democrática está siendo revisada por el Tribunal Constitucional y que el Gobierno usa su situación como una distracción política, un argumento respaldado por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien indicó que es una táctica del Gobierno ante problemas legales actuales. Chicharro ha argumentado que el uso de la ley de memoria es una "mala praxis democrática" y que se debería esperar a que el Tribunal se pronuncie antes de tomar decisiones tan decisivas.
El proceso de ilegalización de la fundación tiene como antecedente la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que permite eliminar entidades que promuevan la apología del franquismo. Recientemente, el Ministerio de Cultura encargó dos informes que revelan el contenido de la web de la fundación, donde se encontró material que minimiza hechos históricos como el genocidio y otras violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Los informes indican que la fundación tiene una larga historia de descalificación de las víctimas y de negacionismo de la represión. Este movimiento podría establecer un importante precedente en el tratamiento de legados históricos problemáticos en España, especialmente en el contexto de la reciente conmemoración de las víctimas de la dictadura y la guerra civil.
La Fundación Nacional Francisco Franco ha respondido a la decisión del Gobierno, anunciando que presentará alegaciones y cuestionando la veracidad de los argumentos gubernamentales. Su presidente, Juan Chicharro, ha calificado de "falsos" los supuestos en los que se basa la resolución, señalando que sus estatutos están actualizados y que lo que se atribuye como apología del franquismo son en realidad actividades legítimas. Además, critican que la Ley de Memoria Democrática está siendo revisada por el Tribunal Constitucional y que el Gobierno usa su situación como una distracción política, un argumento respaldado por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien indicó que es una táctica del Gobierno ante problemas legales actuales. Chicharro ha argumentado que el uso de la ley de memoria es una "mala praxis democrática" y que se debería esperar a que el Tribunal se pronuncie antes de tomar decisiones tan decisivas.
El proceso de ilegalización de la fundación tiene como antecedente la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que permite eliminar entidades que promuevan la apología del franquismo. Recientemente, el Ministerio de Cultura encargó dos informes que revelan el contenido de la web de la fundación, donde se encontró material que minimiza hechos históricos como el genocidio y otras violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Los informes indican que la fundación tiene una larga historia de descalificación de las víctimas y de negacionismo de la represión. Este movimiento podría establecer un importante precedente en el tratamiento de legados históricos problemáticos en España, especialmente en el contexto de la reciente conmemoración de las víctimas de la dictadura y la guerra civil.