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El Gobierno español inicia el proceso para ilegalizar la Fundación Francisco Franco tras hallar evidencias legales en su contra
La Fundación tiene diez días para presentar alegaciones mientras el Ministerio de Cultura expone las razones que justifican su extinción.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 07:39
El Gobierno español ha comenzado el procedimiento para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco, basándose en pruebas que indican que sus actividades vulneran la Constitución y la legislación vigente. El Ministerio de Cultura ha notificado a la fundación su decisión, argumentando que esta no persigue fines de interés general y que sus acciones humillan a las víctimas de la dictadura. El Gobierno ha afirmado que la Fundación realiza apología del franquismo, incita al odio y humilla a las víctimas, lo cual es insostenible en un estado democrático.
La resolución incluye un informe que resalta las actividades de la fundación, describiéndolas como apología del franquismo que incita al odio. Se menciona que la fundación tiene diez días para presentar alegaciones mientras el Gobierno puede solicitar medidas cautelares para limitar su actividad. Esto representa un avance en la lucha por la memoria histórica en España, aunque la Fundación mantiene que su extinción sería inconstitucional, argumentando que respeta la libertad de opinión, expresión y reunión garantizada por la Constitución.
Grupos memorialistas han expresado su descontento con la situación de ciertos lugares emblemáticos de represión franquista, abogando por su transformación en espacios dedicados a la dignidad y los derechos humanos, evidenciando la necesidad de reconocer a las víctimas del franquismo. El procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco, que comenzó en junio de 2024, ha sido apoyado por informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía General del Estado. Estos documentos destacan que la fundación, en su actividad, incurriría en la violación de la ley de memoria democrática y soslayaría los derechos de las víctimas al reiterar una visión positiva del franquismo.
Además, fuentes del Ministerio de Cultura han afirmado que se ha recopilado suficiente evidencia que sugiere que el contenido de sus publicaciones no solo descalifica a las víctimas de la dictadura, sino que también está impregnado de un notable revisionismo histórico. Durante este complejo proceso, el Gobierno español ha dejado claro que las alegaciones de la fundación no impedirán avanzar hacia la legalización de su extinción, buscando compartir la información con la justicia lo más pronto posible.
La resolución incluye un informe que resalta las actividades de la fundación, describiéndolas como apología del franquismo que incita al odio. Se menciona que la fundación tiene diez días para presentar alegaciones mientras el Gobierno puede solicitar medidas cautelares para limitar su actividad. Esto representa un avance en la lucha por la memoria histórica en España, aunque la Fundación mantiene que su extinción sería inconstitucional, argumentando que respeta la libertad de opinión, expresión y reunión garantizada por la Constitución.
Grupos memorialistas han expresado su descontento con la situación de ciertos lugares emblemáticos de represión franquista, abogando por su transformación en espacios dedicados a la dignidad y los derechos humanos, evidenciando la necesidad de reconocer a las víctimas del franquismo. El procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco, que comenzó en junio de 2024, ha sido apoyado por informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía General del Estado. Estos documentos destacan que la fundación, en su actividad, incurriría en la violación de la ley de memoria democrática y soslayaría los derechos de las víctimas al reiterar una visión positiva del franquismo.
Además, fuentes del Ministerio de Cultura han afirmado que se ha recopilado suficiente evidencia que sugiere que el contenido de sus publicaciones no solo descalifica a las víctimas de la dictadura, sino que también está impregnado de un notable revisionismo histórico. Durante este complejo proceso, el Gobierno español ha dejado claro que las alegaciones de la fundación no impedirán avanzar hacia la legalización de su extinción, buscando compartir la información con la justicia lo más pronto posible.