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El Gobierno español impulsa las energías renovables con un nuevo decreto ley tras el apagón de abril de 2025
La normativa busca facilitar el almacenamiento de energía y flexibilizar plazos para nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Publicado: 23 de junio de 2025, 20:25
En respuesta al apagón inédito que afectó a la península Ibérica el 28 de abril de 2025, el Gobierno español ha presentado un borrador de decreto ley que busca revitalizar las energías renovables y que se espera sea aprobado en el Consejo de Ministros. Este real decreto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, implementa una serie de medidas clave que buscan no solo recuperar la confianza en el sector, sino también cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El ámbito de las energías renovables en España ha enfrentado grandes desafíos, con una caída significativa de la inversión debido a la falta de regulación adecuada, la burocracia y la alta volatilidad en los precios de la electricidad. Según informes, la necesidad de inversiones asciende a más de 200.000 millones de euros para que el país cumpla con sus compromisos climáticos ante Bruselas. En este contexto, el borrador del decreto incluye un impulso al almacenamiento energético, permitiendo que las plantas solares y eólicas acumulen energía para su uso posterior, lo que ayudaría a reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO₂.
El texto también propone la flexibilización de los plazos para los proyectos que ya tienen todos los permisos, evitando que pierdan su validez y posibles inversiones. Este es un aspecto crítico, ya que muchos proyectos están en riesgo de caducidad debido a condicionantes técnicos o ambientales que prolongan los tiempos de ejecución. Asimismo, se plantea detener el conteo del tiempo para aquellos proyectos detenidos judicialmente, permitiendo a los inversores recuperar su inversión sin perder acceso a la red.
El ámbito de las energías renovables en España ha enfrentado grandes desafíos, con una caída significativa de la inversión debido a la falta de regulación adecuada, la burocracia y la alta volatilidad en los precios de la electricidad. Según informes, la necesidad de inversiones asciende a más de 200.000 millones de euros para que el país cumpla con sus compromisos climáticos ante Bruselas. En este contexto, el borrador del decreto incluye un impulso al almacenamiento energético, permitiendo que las plantas solares y eólicas acumulen energía para su uso posterior, lo que ayudaría a reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO₂.
El texto también propone la flexibilización de los plazos para los proyectos que ya tienen todos los permisos, evitando que pierdan su validez y posibles inversiones. Este es un aspecto crítico, ya que muchos proyectos están en riesgo de caducidad debido a condicionantes técnicos o ambientales que prolongan los tiempos de ejecución. Asimismo, se plantea detener el conteo del tiempo para aquellos proyectos detenidos judicialmente, permitiendo a los inversores recuperar su inversión sin perder acceso a la red.