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El Gobierno español impugna el cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón ante la decisión del PP local
Este centro, que cuenta con 570 plazas, aloja actualmente a solicitantes de asilo, la mayoría de ellos ucranianos, y otros de diversas nacionalidades.
Publicado: 28 de agosto de 2025, 19:24
En un acto que refleja la tensión política entre el Gobierno español y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado oficialmente alegaciones y un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de esta localidad, una decisión tomada por el gobierno del Partido Popular (PP).
El centro, inaugurado en marzo de 2022 en respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania, tiene capacidad para 570 solicitantes de asilo y actualmente alberga a 395 personas, de las cuales 178 son ucranianas, junto con solicitantes de Afganistán, Mali y Venezuela. Desde su apertura, el centro ha sido vital para proporcionar asistencia y protección temporal a aquellos que huyen de conflictos bélicos y crisis humanitarias.
El Ayuntamiento de Pozuelo, bajo control del PP, sostiene que el centro carece de la licencia adecuada para operar, lo que ha catalizado el proceso de cierre. A pesar de estas protestas, el Gobierno continúa destacando la importancia del centro como un recurso esencial para la atención a migrantes, en un contexto de debate mayor sobre la gestión de la migración en España y las políticas del PP.
El centro, inaugurado en marzo de 2022 en respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania, tiene capacidad para 570 solicitantes de asilo y actualmente alberga a 395 personas, de las cuales 178 son ucranianas, junto con solicitantes de Afganistán, Mali y Venezuela. Desde su apertura, el centro ha sido vital para proporcionar asistencia y protección temporal a aquellos que huyen de conflictos bélicos y crisis humanitarias.
El Ayuntamiento de Pozuelo, bajo control del PP, sostiene que el centro carece de la licencia adecuada para operar, lo que ha catalizado el proceso de cierre. A pesar de estas protestas, el Gobierno continúa destacando la importancia del centro como un recurso esencial para la atención a migrantes, en un contexto de debate mayor sobre la gestión de la migración en España y las políticas del PP.