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El Gobierno español exige a plataformas turísticas retirar anuncios de alojamientos en territorios ocupados por Israel debido a violaciones de la ley.
Tras la legislación que prohíbe dichos anuncios, el Ministerio de Consumo inicia acciones contra siete multinacionales del sector turístico.
Publicado: 31 de diciembre de 2025, 12:12
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha requerido a siete plataformas de alquiler turístico en España que retiren 138 anuncios de alojamientos situados en territorios palestinos ocupados por Israel, en el marco del Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Esta acción tiene como base legal la prohibición de publicitar bienes y servicios originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
La investigación del ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, utilizó un listado de más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes para identificar las propiedades anunciadas ilegalmente. Las plataformas implicadas han sido instadas a eliminar los anuncios de inmediato para evitar sanciones adicionales, en un contexto donde organizaciones como Amnistía Internacional han criticado la lucrativa relación de estas plataformas con los asentamientos.
La medida también se alinea con las críticas internacionales hacia las políticas de ocupación de Israel y se anuncia en un momento en que el Gobierno español ha autorizado la venta de material militar a Airbus, generando tensiones respecto a su relación con Israel. Además, se sustenta en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que exige a los estados impedir relaciones comerciales que perpetúen la situación ilegal en los territorios palestinos ocupados.
La investigación del ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, utilizó un listado de más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes para identificar las propiedades anunciadas ilegalmente. Las plataformas implicadas han sido instadas a eliminar los anuncios de inmediato para evitar sanciones adicionales, en un contexto donde organizaciones como Amnistía Internacional han criticado la lucrativa relación de estas plataformas con los asentamientos.
La medida también se alinea con las críticas internacionales hacia las políticas de ocupación de Israel y se anuncia en un momento en que el Gobierno español ha autorizado la venta de material militar a Airbus, generando tensiones respecto a su relación con Israel. Además, se sustenta en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que exige a los estados impedir relaciones comerciales que perpetúen la situación ilegal en los territorios palestinos ocupados.