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El Gobierno español evalúa la solicitud de prórroga para la central nuclear de Almaraz renunciando a beneficios fiscales.
La ministra Sara Aagesen destaca la importancia de la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear antes de tomar una decisión final.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 13:00
El futuro de la central nuclear de Almaraz se encuentra en una encrucijada tras la solicitud formal presentada por sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para ampliar su operación hasta el año 2030. Esta solicitud es significativa ya que las eléctricas han renunciado a una rebaja fiscal que habían solicitado anteriormente, lo que representa un cambio clave en las negociaciones con el Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró en un encuentro con medios que 'los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales' y enfatizó que esta decisión de ampliación implica una solicitud 'sin condiciones'.
Aagesen destacó que desde el Gobierno se han mantenido tres 'líneas rojas'. La primera es que no se genere un coste adicional para los contribuyentes, la segunda concierne a la seguridad nuclear y la tercera al suministro energético. La ministra también mencionó que las empresas han solicitado oficialmente un cambio en el calendario previsto de cierres, que ahora se propondría hasta 2030, cuando estaba previsto que uno de los reactores se apagara en 2027 y el otro un año después. En este sentido, el siguiente paso para la aprobación de la prórroga es la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá determinar si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear necesarias para el funcionamiento prolongado de la central.
La solicitud de prórroga llega en un contexto donde la central nuclear de Almaraz se considera una infraestructura esencial, suministrando más del 7% de la electricidad consumida en España, lo cual equivale a la demanda eléctrica de aproximadamente cuatro millones de hogares. Almaraz también juega un papel clave en la economía de su región, generando cientos de puestos de trabajo y siendo un motor económico en la comarca cacereña. Asimismo, el informe del CSN podría demorarse hasta septiembre de 2027, justo antes del cierre previsto del primer reactor, lo que añade un elemento de incertidumbre al proceso.
Aagesen destacó que desde el Gobierno se han mantenido tres 'líneas rojas'. La primera es que no se genere un coste adicional para los contribuyentes, la segunda concierne a la seguridad nuclear y la tercera al suministro energético. La ministra también mencionó que las empresas han solicitado oficialmente un cambio en el calendario previsto de cierres, que ahora se propondría hasta 2030, cuando estaba previsto que uno de los reactores se apagara en 2027 y el otro un año después. En este sentido, el siguiente paso para la aprobación de la prórroga es la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá determinar si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear necesarias para el funcionamiento prolongado de la central.
La solicitud de prórroga llega en un contexto donde la central nuclear de Almaraz se considera una infraestructura esencial, suministrando más del 7% de la electricidad consumida en España, lo cual equivale a la demanda eléctrica de aproximadamente cuatro millones de hogares. Almaraz también juega un papel clave en la economía de su región, generando cientos de puestos de trabajo y siendo un motor económico en la comarca cacereña. Asimismo, el informe del CSN podría demorarse hasta septiembre de 2027, justo antes del cierre previsto del primer reactor, lo que añade un elemento de incertidumbre al proceso.