El Gobierno español enfrenta tensiones por la nueva Ley de Información Clasificada ante discrepancias entre ministros

En un contexto de tensiones internas, el Gobierno español se enfrenta a un debate trascendental en torno a la nueva Ley de Información Clasificada, diseñada para reemplazar la ley franquista de Secretos Oficiales aún vigente. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó el anteproyecto en solitario, lo que refleja profundas divisiones dentro del Ejecutivo. Las firmas de otros ministros, como la de Defensa, Margarita Robles, han sido retiradas, intensificando las tensiones. La controversia se centra en la decisión de Bolaños de trasladar la Autoridad Nacional de Seguridad para la Protección de la Información Clasificada al Ministerio de Presidencia, generando un amplio desacuerdo.

Desde el Ministerio de Presidencia, se restó importancia al hecho de que el anteproyecto sólo tenga la firma de Bolaños, argumentando que fue elaborado en diálogo con todas las partes involucradas. La complejidad de esta ley radica en que afecta a diferentes ministerios, ya que todos tendrán capacidad para clasificar o desclasificar información. Se espera que esta nueva regulación garantice un funcionamiento más homogéneo y eficiente a nivel ministerial; sin embargo, la implementación no será inmediata y está proyectada para entrar en vigor al menos un año después de su publicación.

Por otro lado, Sumar ha presentado alegaciones al proyecto enfocadas en reducir los plazos de desclasificación y garantizar que la información relevante para procesos judiciales no sea clasificada como secreta, evidenciando tensiones políticas en juego y la necesidad de una regulación más transparente.