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El Gobierno español enfrenta retos sin precedentes en el sistema de pensiones y considera reformas clave para su sostenibilidad

La presión demográfica y la necesidad de un modelo de financiación eficiente desafían al sistema público de pensiones en medio de reformas controvertidas.

Publicado: 13 de octubre de 2025, 11:48

El sistema público de pensiones en España enfrenta desafíos significativos debido al envejecimiento de la población y la presión financiera que esto conlleva, especialmente con la jubilación de la generación del baby boom. Una evaluación reciente señala que las reformas de José Luis Escrivá, destinadas a fomentar los planes de pensiones de empleo, han llevado a una drástica caída en las aportaciones a planes individuales, afectando desproporcionadamente a los ahorradores de rentas medias.

Además, un estudio ha revelado que solo uno de cada ocho españoles comprende cómo se financian las pensiones. Esto complica la discusión sobre la necesidad de aumentar los impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema. A pesar de ser vital para la redistribución de la riqueza, la insuficiencia en cotizaciones ha motivado al Gobierno a explorar un modelo mixto que combine cotizaciones y financiación de impuestos, así como la posible eliminación de límites a las aportaciones individuales.

Recientemente, el economista Gonzalo Bernardos alertó sobre el futuro del sistema de pensiones, sugiriendo que podría ser necesario retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años o más para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Bernardos también destacó la escasez de mano de obra cualificada en el país, lo que está provocando un aumento de salarios en sectores como la construcción, donde los oficios podrían alcanzar sueldos entre 5.000 y 6.000 euros mensuales.

Con una creciente presión sobre el sistema de pensiones, en un contexto de aumento de la pobreza severa e infantil, Bernardos advierte que un aumento extraordinario de la productividad podría ser clave para mejorar la situación. Sin embargo, cualquier decisión que tome el Gobierno en el corto plazo será crucial para la salud financiera de millones de ciudadanos en España en las próximas décadas.