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El Gobierno español enfrenta la proliferación de pisos turísticos ilegales en Andalucía con nuevas regulaciones y tensiones con la Junta
La implementación del Registro Único de Alojamientos Temporales choca con la postura de Andalucía, que defiende su industria turística frente a las medidas del Gobierno.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 06:49
Andalucía se ha convertido en el epicentro del debate sobre los pisos turísticos ilegales en España, destacando una alarmante cifra de hasta 16.740 alojamientos operando sin regulación, según datos del Ministerio de Vivienda. A raíz de esto, el Ministerio ha implementado el Registro Único de Alojamientos Temporales (RUAT) para regularizar este sector y monitorear el cumplimiento de la normativa vigente. Desde su inicio, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, con numerosas revocaciones, especialmente en la provincia de Málaga, donde se ha negado una gran cantidad de licencias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un acto en Málaga que cerca de 54.000 viviendas turísticas deberán retirarse de las plataformas digitales por no tener el número de registro necesario para operar y que estas casas se distribuyen en Andalucía y otras comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que concentran el 85% de estos pisos turísticos.
El presidente Sánchez ha señalado que esta medida busca proteger la función social de la vivienda. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opone firmemente, argumentando que estas acciones perjudican a su industria turística. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha criticado la legislación del Gobierno, considerando que demoniza a los propietarios y afecta a la clase media. La Junta no acepta considerarlos ilegales, planteando que esto resulta de una normativa impuesta sin diálogo adecuado.
La normativa exige un número de registro obligatorio a partir de este mes de julio para realizar alquileres a corto plazo, lo que ha derivado en una alta tasa de denegaciones en licencias, con un 80% de las solicitudes para viviendas turísticas consideradas ilegales. Esto se traduce en que, de las 53.786 solicitudes revocadas en todo el país, Andalucía concentra un 31% con 16.740 solicitudes revocadas, siendo la comunidad más afectada por este problema.
Esta tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ilustra el complejo equilibrio entre la regulación de los alquileres turísticos y el apoyo a la economía local. Esta batalla no solo impacta a los propietarios, sino también a turistas y residentes que buscan vivienda en una de las regiones más visitadas de España. Las plataformas, como Airbnb, han indicado que procederán a retirar los anuncios de las propiedades revocadas, entendiendo que menos del 10% de los registros revocados están realmente activos en sus plataformas. La estrategia del Gobierno para atajar la crisis de vivienda pasa por endurecer el control sobre los pisos turísticos para intentar recuperar viviendas para el mercado residencial, aunque las inmobiliarias ya expresan que este efecto es incierto, señalando que puede que muchos propietarios opten simplemente por retirar sus viviendas del mercado o venderlas.
A medida que la controversia crece, las críticas de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se han dirigido también a comunidades autónomas como Madrid, acusando a su gobierno de amparar la ilegalidad en la gestión de estos alquileres. La situación, por tanto, se encuentra en un punto de tensión donde las localidades de Andalucía que más sufren son Sevilla y Málaga, que encabezan la lista de licencias revocadas, con un impacto significativo en el acceso a la vivienda en estas áreas.
El presidente Sánchez ha señalado que esta medida busca proteger la función social de la vivienda. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opone firmemente, argumentando que estas acciones perjudican a su industria turística. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha criticado la legislación del Gobierno, considerando que demoniza a los propietarios y afecta a la clase media. La Junta no acepta considerarlos ilegales, planteando que esto resulta de una normativa impuesta sin diálogo adecuado.
La normativa exige un número de registro obligatorio a partir de este mes de julio para realizar alquileres a corto plazo, lo que ha derivado en una alta tasa de denegaciones en licencias, con un 80% de las solicitudes para viviendas turísticas consideradas ilegales. Esto se traduce en que, de las 53.786 solicitudes revocadas en todo el país, Andalucía concentra un 31% con 16.740 solicitudes revocadas, siendo la comunidad más afectada por este problema.
Esta tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ilustra el complejo equilibrio entre la regulación de los alquileres turísticos y el apoyo a la economía local. Esta batalla no solo impacta a los propietarios, sino también a turistas y residentes que buscan vivienda en una de las regiones más visitadas de España. Las plataformas, como Airbnb, han indicado que procederán a retirar los anuncios de las propiedades revocadas, entendiendo que menos del 10% de los registros revocados están realmente activos en sus plataformas. La estrategia del Gobierno para atajar la crisis de vivienda pasa por endurecer el control sobre los pisos turísticos para intentar recuperar viviendas para el mercado residencial, aunque las inmobiliarias ya expresan que este efecto es incierto, señalando que puede que muchos propietarios opten simplemente por retirar sus viviendas del mercado o venderlas.
A medida que la controversia crece, las críticas de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se han dirigido también a comunidades autónomas como Madrid, acusando a su gobierno de amparar la ilegalidad en la gestión de estos alquileres. La situación, por tanto, se encuentra en un punto de tensión donde las localidades de Andalucía que más sufren son Sevilla y Málaga, que encabezan la lista de licencias revocadas, con un impacto significativo en el acceso a la vivienda en estas áreas.