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El Gobierno español enfrenta la proliferación de pisos turísticos ilegales en Andalucía con nuevas regulaciones y tensiones con la Junta
La implementación del Registro Único de Alojamientos Temporales choca con la postura de Andalucía, que defiende su industria turística frente a las medidas del Gobierno.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 06:49
Andalucía se ha convertido en el epicentro del debate sobre los pisos turísticos ilegales en España, destacando una alarmante cifra de hasta 16.740 alojamientos operando sin regulación. A raíz de esto, el Ministerio de Vivienda ha implementado el Registro Único de Alojamientos Temporales (RUAT) para regularizar este sector y monitorear el cumplimiento de la normativa vigente. Desde su inicio, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, con numerosas revocaciones, especialmente en la provincia de Málaga, donde se ha negado una gran cantidad de licencias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que esta medida busca proteger la función social de la vivienda. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opone firmemente, argumentando que estas acciones perjudican a su industria turística. El consejero de Turismo de la Junta ha criticado la legislación del Gobierno, considerando que demoniza a los propietarios y afecta a la clase media. La Junta no acepta considerarlos ilegales, planteando que esto resulta de una normativa impuesta sin diálogo adecuado.
Esta tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ilustra el complejo equilibrio entre la regulación de los alquileres turísticos y el apoyo a la economía local. Esta batalla no solo impacta a los propietarios, sino también a turistas y residentes que buscan vivienda en una de las regiones más visitadas de España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que esta medida busca proteger la función social de la vivienda. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opone firmemente, argumentando que estas acciones perjudican a su industria turística. El consejero de Turismo de la Junta ha criticado la legislación del Gobierno, considerando que demoniza a los propietarios y afecta a la clase media. La Junta no acepta considerarlos ilegales, planteando que esto resulta de una normativa impuesta sin diálogo adecuado.
Esta tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ilustra el complejo equilibrio entre la regulación de los alquileres turísticos y el apoyo a la economía local. Esta batalla no solo impacta a los propietarios, sino también a turistas y residentes que buscan vivienda en una de las regiones más visitadas de España.