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El Gobierno español avanza en la protección de inquilinos con nuevas regulaciones sobre alquileres y prohibición del IBI
PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo con sus socios para limitar el coste de alquileres y asegurar derechos para arrendatarios, pero el futuro de la ley es incierto.
Publicado: 18 de noviembre de 2025, 21:41
El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con sus socios, PSOE y Sumar, para implementar nuevas regulaciones que prohíben el cobro del IBI a los arrendatarios y establecen un tope en los precios de los alquileres de temporada y habitaciones. Este acuerdo se presentó en el Congreso y busca regular el mercado de alquileres no permanentes, con el apoyo de partidos como ERC, Bildu, Podemos y BNG. Se espera que la ley sea discutida en una fase crucial antes de la votación final.
Una de las medidas importantes de esta legislación es la regulación de los precios de las habitaciones, que no podrán superar el coste del alquiler completo de un piso. Además, se han redefinido los requisitos para los contratos de alquiler temporal, que deberán tener una duración justificada y máxima de 12 meses. Si no se justifica el encadenamiento de contratos, estos se considerarán como alquileres de largo plazo con una duración mínima de cinco años.
Otras modificaciones relevantes incluyen la prohibición de trasladar el IBI al inquilino y garantizar que los arrendatarios de habitaciones cuenten con derechos equivalentes a los arrendatarios de viviendas completas. Aunque el apoyo a esta ley es significativo, el futuro de su aprobación es incierto debido a las objeciones planteadas por el PP y Vox, que critican la naturaleza intervencionista de la legislación.
Una de las medidas importantes de esta legislación es la regulación de los precios de las habitaciones, que no podrán superar el coste del alquiler completo de un piso. Además, se han redefinido los requisitos para los contratos de alquiler temporal, que deberán tener una duración justificada y máxima de 12 meses. Si no se justifica el encadenamiento de contratos, estos se considerarán como alquileres de largo plazo con una duración mínima de cinco años.
Otras modificaciones relevantes incluyen la prohibición de trasladar el IBI al inquilino y garantizar que los arrendatarios de habitaciones cuenten con derechos equivalentes a los arrendatarios de viviendas completas. Aunque el apoyo a esta ley es significativo, el futuro de su aprobación es incierto debido a las objeciones planteadas por el PP y Vox, que critican la naturaleza intervencionista de la legislación.