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El Gobierno español aprueba un anteproyecto de ley para regular los 'deepfakes' y proteger el derecho al honor en la era digital
La nueva normativa busca adaptar las leyes al siglo XXI frente a los desafíos de la inteligencia artificial y las redes sociales.
Publicado: 14 de enero de 2026, 17:41
El Consejo de Ministros de España ha dado este martes un paso decidido hacia la protección de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la aprobación de un anteproyecto de ley que enfoca su atención en las imágenes y voces manipuladas mediante inteligencia artificial, conocidas como 'deepfakes'. Esta reforma surge en un contexto donde la proliferación de tales tecnologías plantea riesgos significativos para la dignidad y reputación de los individuos.
La nueva ley califica como ilegítimo el uso y difusión de imágenes y voces manipuladas sin el consentimiento expreso de la persona afectada. Además, se establece que únicamente las personas mayores de 16 años podrán otorgar su consentimiento para el uso de su imagen, alineándose así con la normativa de protección de menores en entornos digitales. Otro aspecto relevante de la norma es la regulación de los casos relacionados con 'true crimes', donde se considera también una violación del honor la divulgación de detalles de delitos por parte de sus autores.
Con todas estas medidas, el Gobierno busca no solo adaptarse a los retos del entorno digital, sino también garantizar suficientemente la protección de los ciudadanos frente a nuevas formas de intromisión en su intimidad y derechos fundamentales.
La nueva ley califica como ilegítimo el uso y difusión de imágenes y voces manipuladas sin el consentimiento expreso de la persona afectada. Además, se establece que únicamente las personas mayores de 16 años podrán otorgar su consentimiento para el uso de su imagen, alineándose así con la normativa de protección de menores en entornos digitales. Otro aspecto relevante de la norma es la regulación de los casos relacionados con 'true crimes', donde se considera también una violación del honor la divulgación de detalles de delitos por parte de sus autores.
Con todas estas medidas, el Gobierno busca no solo adaptarse a los retos del entorno digital, sino también garantizar suficientemente la protección de los ciudadanos frente a nuevas formas de intromisión en su intimidad y derechos fundamentales.