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El Gobierno español aprueba la ley que desclasificará documentos del franquismo y la Transición para facilitar el acceso a la verdad
La nueva normativa busca sustituir la ley franquista de 1968 y establecer plazos claros para la desclasificación de documentos secretos.
Publicado: 22 de julio de 2025, 07:00
El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que busca desclasificar documentos relacionados con el franquismo y los primeros años de la Transición. Este anteproyecto es significativo, ya que reemplaza la legislación franquista de 1968, estableciendo un marco más claro para la desclasificación de documentos. La nueva ley estipula plazos específicos para la desclasificación automática de documentos clasificados, con el objetivo de facilitar el acceso a la verdad sobre la historia reciente de España.
La iniciativa incluye la desclasificación automática de documentos según su clasificación, y prioriza la apertura de aquellos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de censura previa, lo que ha generado debates sobre la libertad de información. El control de la documentación se trasladará al Ministerio de la Presidencia, buscando mayor transparencia y agilidad en el acceso a la información.
El Gobierno pretende que esta ley cumpla con los estándares de la Unión Europea y de la OTAN, representando un avance técnico y un paso hacia la reconciliación histórica en España. En esta línea, el tiempo máximo de clasificación se fijará en 45 años, con posibilidad de prórrogas en casos justificados. Además, las sanciones por revelar información clasificada se establecerán entre 30.000 y 2,5 millones de euros, afectando a cualquier persona, incluidos periodistas.
El anteproyecto pasará al Congreso para su debate y aprobación, lo que determinará su futuro y efectividad en el acceso a la memoria histórica. Fuentes del Ejecutivo aseguran que esta ley coloca a España en un nivel comparable a los países más avanzados de Europa en materia de información clasificada.
La iniciativa incluye la desclasificación automática de documentos según su clasificación, y prioriza la apertura de aquellos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de censura previa, lo que ha generado debates sobre la libertad de información. El control de la documentación se trasladará al Ministerio de la Presidencia, buscando mayor transparencia y agilidad en el acceso a la información.
El Gobierno pretende que esta ley cumpla con los estándares de la Unión Europea y de la OTAN, representando un avance técnico y un paso hacia la reconciliación histórica en España. En esta línea, el tiempo máximo de clasificación se fijará en 45 años, con posibilidad de prórrogas en casos justificados. Además, las sanciones por revelar información clasificada se establecerán entre 30.000 y 2,5 millones de euros, afectando a cualquier persona, incluidos periodistas.
El anteproyecto pasará al Congreso para su debate y aprobación, lo que determinará su futuro y efectividad en el acceso a la memoria histórica. Fuentes del Ejecutivo aseguran que esta ley coloca a España en un nivel comparable a los países más avanzados de Europa en materia de información clasificada.