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El Gobierno español anuncia la creación de 500 nuevas plazas de jueces en 2026, con 91 destinadas a Catalunya
La medida busca reforzar el sistema judicial y responde a la necesidad histórica de más jueces en la región.
Publicado: 27 de enero de 2026, 12:03
El Gobierno de España ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas de jueces en 2026, marcando la mayor ampliación de la planta judicial en un solo año en la historia del país, con 91 de estas plazas destinadas a Catalunya. Esta decisión se toma en respuesta al déficit histórico de jueces, buscando mejorar la capacidad de los tribunales de instancia y equilibrar la cifra de jueces por habitante en Catalunya.
La creación de estas plazas permitirá que la plantilla judicial en Catalunya pase de 870 a 961, lo que representa un incremento del 10,5%. La distribución de las plazas se enfoca principalmente en tribunales de instancia y audiencias provinciales, y se fundamenta en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para reducir costos. El costo total de la creación de las 500 plazas asciende a 55,7 millones de euros, mucho menos en comparación con el modelo anterior.
El ministro de Justicia ha señalado que esta estrategia responde a un análisis detallado de la litigiosidad y las cargas de trabajo, y busca atender las necesidades específicas de las comunidades autónomas. La implementación se llevará a cabo en los próximos meses, con reuniones planificadas entre el Ministerio y los actores del sistema judicial para asegurar una distribución efectiva según las necesidades de cada territorio.
La creación de estas plazas permitirá que la plantilla judicial en Catalunya pase de 870 a 961, lo que representa un incremento del 10,5%. La distribución de las plazas se enfoca principalmente en tribunales de instancia y audiencias provinciales, y se fundamenta en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para reducir costos. El costo total de la creación de las 500 plazas asciende a 55,7 millones de euros, mucho menos en comparación con el modelo anterior.
El ministro de Justicia ha señalado que esta estrategia responde a un análisis detallado de la litigiosidad y las cargas de trabajo, y busca atender las necesidades específicas de las comunidades autónomas. La implementación se llevará a cabo en los próximos meses, con reuniones planificadas entre el Ministerio y los actores del sistema judicial para asegurar una distribución efectiva según las necesidades de cada territorio.