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El Gobierno español anuncia 1.004 plazas para jueces y fiscales sustitutos en medio de controversias y protestas
La oferta se implementará mediante un concurso-oposición y busca dar estabilidad a los profesionales temporales en la judicatura.
Publicado: 19 de junio de 2025, 12:46
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado la convocatoria de 1.004 plazas para jueces y fiscales sustitutos, enmarcada en una reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal. De este total, 673 se destinarán a jueces y 331 a fiscales. La convocatoria, que se realizará en un plazo máximo de dos meses tras la aprobación de la reforma, se fundamentará en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Bolaños defiende esta decisión como una respuesta a las demandas del sector, que ha sufrido históricamente la falta de personal, especialmente en el caso de mujeres en posiciones temporales. Sin embargo, la medida ha sido criticada por asociaciones de jueces y fiscales que temen que el proceso de selección socave los principios de mérito y capacidad, convocando incluso una huelga para el 1, 2 y 3 de julio.
La convocatoria de estas 1.004 plazas se suma a los 1.500 adicionales que se planean para los próximos tres años, evidenciando la intención del Gobierno de modernizar el sistema judicial español, en medio de tensiones con las asociaciones profesionales sobre la reforma legislativa.
Bolaños defiende esta decisión como una respuesta a las demandas del sector, que ha sufrido históricamente la falta de personal, especialmente en el caso de mujeres en posiciones temporales. Sin embargo, la medida ha sido criticada por asociaciones de jueces y fiscales que temen que el proceso de selección socave los principios de mérito y capacidad, convocando incluso una huelga para el 1, 2 y 3 de julio.
La convocatoria de estas 1.004 plazas se suma a los 1.500 adicionales que se planean para los próximos tres años, evidenciando la intención del Gobierno de modernizar el sistema judicial español, en medio de tensiones con las asociaciones profesionales sobre la reforma legislativa.