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El Gobierno español anula las condenas a muerte de Txiki y Otaegi, últimos fusilados del franquismo, y los reconoce como víctimas
Esta decisión histórica llega 50 años después de sus ejecuciones y ofrece reparación a las familias de ambos jóvenes.
Publicado: 13 de diciembre de 2025, 22:01
En una decisión histórica, el Gobierno español ha declarado ilegales y nulas las condenas a muerte de Juan Paredes Manot, conocido como Txiki, y Ángel Otaegi, quienes fueron fusilados por el régimen franquista en 1975. Este reconocimiento se produce en virtud de la Ley de Memoria Democrática y responde a una solicitud formal presentada por las familias de ambos jóvenes en enero de este año.
El abogado y catedrático Juanjo Álvarez, representante de las familias, confirmó que el Gobierno ha declarado la 'ilegalidad y la ilegitimidad' de los consejos de guerra que condujeron a las ejecuciones. En el dictamen, se recoge que los juicios carecieron de las más elementales garantías procesales, constituyendo una vulneración grave de los derechos humanos. Conforme a la Ley de Memoria Democrática, se anulan todas las condenas emitidas durante el régimen dictatorial que incluyan motivos políticos o ideológicos, lo que implica no solo una reparación emocional para las familias, sino también un importante paso en el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas del franquismo.
La decisión es celebrada por asociaciones memorialistas, que llevan décadas luchando por el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Esta medida de justicia se interpreta como un acto de dignidad hacia todos aquellos que sufrieron persecución durante una época oscura de la historia reciente de España, con un nuevo capítulo en la reconciliación histórica y el fortalecimiento de la memoria democrática en el país.
El abogado y catedrático Juanjo Álvarez, representante de las familias, confirmó que el Gobierno ha declarado la 'ilegalidad y la ilegitimidad' de los consejos de guerra que condujeron a las ejecuciones. En el dictamen, se recoge que los juicios carecieron de las más elementales garantías procesales, constituyendo una vulneración grave de los derechos humanos. Conforme a la Ley de Memoria Democrática, se anulan todas las condenas emitidas durante el régimen dictatorial que incluyan motivos políticos o ideológicos, lo que implica no solo una reparación emocional para las familias, sino también un importante paso en el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas del franquismo.
La decisión es celebrada por asociaciones memorialistas, que llevan décadas luchando por el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Esta medida de justicia se interpreta como un acto de dignidad hacia todos aquellos que sufrieron persecución durante una época oscura de la historia reciente de España, con un nuevo capítulo en la reconciliación histórica y el fortalecimiento de la memoria democrática en el país.