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El Gobierno declara la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática en medio de la oposición de Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se opone a la declaración y anuncia recursos legales contra la decisión del Ejecutivo central.
Publicado: 22 de octubre de 2025, 11:54
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, destacando su papel central en la represión política durante el régimen franquista. El ministro Ángel Víctor Torres ha resaltado la importancia histórica del edificio ante los abusos cometidos allí, subrayando que este hecho ha sido objeto de polémica en el contexto de un esfuerzo más amplio del Gobierno español por erradicar símbolos del franquismo, alineándose con la Ley de Memoria Democrática.
Además, el BOE ha mencionado que la Dirección General de Seguridad, que tuvo su sede en la Real Casa de Correos, desempeñó un "papel central en la represión política y social" a lo largo de la historia contemporánea de España. También se ha indicado que el edificio se convirtió en un "símbolo de la represión del régimen franquista". El ministro ha afirmado que es una "magnífica noticia" la declaración de este lugar, recordando a todos aquellos que perdieron la vida en defensa de la democracia. La declaración también implica la instalación de placas y paneles informativos que reconozcan el sufrimiento de las víctimas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su rechazo a la declaración, considerándola una 'aberración histórica'. Ayuso ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, argumentando que el Gobierno debería centrarse en otros asuntos y que esta decisión es sectaria. Su oposición se basa en un informe de la Real Academia de la Historia que asocia la Casa de Correos "ante todo" a la época de la Ilustración. Esta controversia ha intensificado la polarización política en Madrid, con la oposición pidiendo mayor transparencia sobre la gestión del edificio.
La controversia ha tomado un nuevo giro tras el testimonio de víctimas del franquismo que denunciaron torturas en la antigua DGS, ahora sede del Gobierno regional. Julio Pacheco, quien fue víctima de torturas, ha expresado su alegría por la declaración y ha insistido en que Ayuso debe cumplir la ley, subrayando la historia de terror asociada a la Casa de Correos. El conflicto también se ha complicado debido a la ley promovida por la Comunidad de Madrid, que busca proteger al edificio de este tipo de distintivos, lo que ha llevado a una batalla legal en el Tribunal Constitucional. La diputada Mónica García de Más Madrid ha defendido la importancia de la memoria histórica en este contexto, destacando que la ciudadanía tiene derecho a conocer los abusos que tuvieron lugar.
El conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid refleja un debate más amplio sobre cómo se aborda el legado del franquismo y la memoria democrática en España, en el que Ayuso y su administración continúan desafiando el enfoque establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio de esta declaración se ha producido en un momento en que el Gobierno español avanza en su compromiso con la Ley de Memoria Democrática, que establece un marco para reconocer espacios donde se cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Además, el BOE ha mencionado que la Dirección General de Seguridad, que tuvo su sede en la Real Casa de Correos, desempeñó un "papel central en la represión política y social" a lo largo de la historia contemporánea de España. También se ha indicado que el edificio se convirtió en un "símbolo de la represión del régimen franquista". El ministro ha afirmado que es una "magnífica noticia" la declaración de este lugar, recordando a todos aquellos que perdieron la vida en defensa de la democracia. La declaración también implica la instalación de placas y paneles informativos que reconozcan el sufrimiento de las víctimas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su rechazo a la declaración, considerándola una 'aberración histórica'. Ayuso ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, argumentando que el Gobierno debería centrarse en otros asuntos y que esta decisión es sectaria. Su oposición se basa en un informe de la Real Academia de la Historia que asocia la Casa de Correos "ante todo" a la época de la Ilustración. Esta controversia ha intensificado la polarización política en Madrid, con la oposición pidiendo mayor transparencia sobre la gestión del edificio.
La controversia ha tomado un nuevo giro tras el testimonio de víctimas del franquismo que denunciaron torturas en la antigua DGS, ahora sede del Gobierno regional. Julio Pacheco, quien fue víctima de torturas, ha expresado su alegría por la declaración y ha insistido en que Ayuso debe cumplir la ley, subrayando la historia de terror asociada a la Casa de Correos. El conflicto también se ha complicado debido a la ley promovida por la Comunidad de Madrid, que busca proteger al edificio de este tipo de distintivos, lo que ha llevado a una batalla legal en el Tribunal Constitucional. La diputada Mónica García de Más Madrid ha defendido la importancia de la memoria histórica en este contexto, destacando que la ciudadanía tiene derecho a conocer los abusos que tuvieron lugar.
El conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid refleja un debate más amplio sobre cómo se aborda el legado del franquismo y la memoria democrática en España, en el que Ayuso y su administración continúan desafiando el enfoque establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio de esta declaración se ha producido en un momento en que el Gobierno español avanza en su compromiso con la Ley de Memoria Democrática, que establece un marco para reconocer espacios donde se cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura.