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El Gobierno declara el Pazo de Meirás y las islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática en España
La decisión se enmarca en un esfuerzo por recuperar la memoria histórica y reconocer la importancia de estos espacios en la historia de España.
Publicado: 2 de septiembre de 2025, 12:16
El Gobierno de España ha declarado el Pazo de Meirás y las islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática, buscando así reconocer y divulgar la historia de estos lugares emblemáticos. El Pazo ha sido descrito como "centro de poder y expresión de la rapiña de Franco", un símbolo referencial de la dictadura franquista. Este lugar representa no solo un sitio arquitectónico relevante, sino también un símbolo de la lucha contra la impunidad del franquismo.
Las islas de San Simón y San Antón fueron utilizadas como campos de concentración y colonias penitenciarias por el régimen franquista, con más de 5.600 prisioneros republicanos recluidos y más de 517 muertes registradas en su historia, lo que refleja la brutalidad de la represión en ese periodo. La declaración como Lugares de Memoria Democrática incluye la promoción de recursos audiovisuales y señalizaciones para honrar a las víctimas de la dictadura, aunque su inclusión ha generado controversia, con 25 colectivos memorialistas denunciando su exclusión del proceso y acusando al Gobierno de blanquear el expolio de los Franco. Este procedimiento busca honrar los significativos hechos de la lucha por los derechos y libertades en la historia de España, y se desarrolla en el marco de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, representando un paso importante para el reconocimiento de la memoria histórica.
Las islas de San Simón y San Antón fueron utilizadas como campos de concentración y colonias penitenciarias por el régimen franquista, con más de 5.600 prisioneros republicanos recluidos y más de 517 muertes registradas en su historia, lo que refleja la brutalidad de la represión en ese periodo. La declaración como Lugares de Memoria Democrática incluye la promoción de recursos audiovisuales y señalizaciones para honrar a las víctimas de la dictadura, aunque su inclusión ha generado controversia, con 25 colectivos memorialistas denunciando su exclusión del proceso y acusando al Gobierno de blanquear el expolio de los Franco. Este procedimiento busca honrar los significativos hechos de la lucha por los derechos y libertades en la historia de España, y se desarrolla en el marco de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, representando un paso importante para el reconocimiento de la memoria histórica.