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El gobierno de Trump intensifica el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas mientras enfrenta bloqueos judiciales
Las decisiones judiciales en Portland muestran la resistencia a las órdenes de despliegue de tropas en contextos de protestas migratorias.
Publicado: 5 de octubre de 2025, 06:31
En el contexto de un clima de creciente tensión por las redadas migratorias, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado su estrategia de despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas como Portland, Oregón, y Chicago, Illinois. Sin embargo, sus acciones se topan con bloqueos judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la movilización de fuerzas federales en estos contextos.
Una jueza federal, Karin J. Immergut, emitió una orden el pasado 5 de octubre que bloquea el despliegue de 200 soldados en Portland tras una demanda presentada por el gobierno de Oregón, que argumenta que el envío de tropas es inconstitucional. La jueza determinó que las protestas relativamente pequeñas que se han producido en la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas y que permitir el despliegue podría dañar la soberanía estatal de Oregón. En respuesta, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados en Chicago debido a un reciente aumento en la criminalidad, lo que ha llevado a críticos a señalar un intento de militarizar la respuesta a la criminalidad. La decisión judicial en Oregón impide el despliegue de la Guardia Nacional durante un plazo de 14 días con posibilidad de prórroga, lo que refleja una resistencia significativa a las iniciativas federales para intervenir en estas ciudades. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y el fiscal general del estado, Dan Rayfield, han expresado su satisfacción por la decisión judicial, afirmando que Trump "debe demostrar una amenaza real basada en hechos reales si quiere desplegar a la Guardia Nacional en nuestras calles".
Las tensiones han sido alimentadas por la crítica de la administración, que ha calificado a las protestas en Portland como anárquicas. En un contexto donde las manifestaciones continúan por las políticas de inmigración, la administración ha argumentado que el despliegue busca proteger infraestructuras gubernamentales y reducir los índices de criminalidad. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha señalado que sus agentes han sido objeto de ataques por parte de manifestantes, argumentando que es necesario mantener el orden.
Las decisiones judiciales y la resistencia de los gobiernos estatales resaltan luchas sobre el poder federal frente a estatal. Estas decisiones no solo impactan las relaciones entre el gobierno federal y los estados, sino que también afectan el espacio para la protesta y el derecho civil en un país polarizado, limitando los poderes del ejecutivo en su intervención en la seguridad interna.
Una jueza federal, Karin J. Immergut, emitió una orden el pasado 5 de octubre que bloquea el despliegue de 200 soldados en Portland tras una demanda presentada por el gobierno de Oregón, que argumenta que el envío de tropas es inconstitucional. La jueza determinó que las protestas relativamente pequeñas que se han producido en la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas y que permitir el despliegue podría dañar la soberanía estatal de Oregón. En respuesta, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados en Chicago debido a un reciente aumento en la criminalidad, lo que ha llevado a críticos a señalar un intento de militarizar la respuesta a la criminalidad. La decisión judicial en Oregón impide el despliegue de la Guardia Nacional durante un plazo de 14 días con posibilidad de prórroga, lo que refleja una resistencia significativa a las iniciativas federales para intervenir en estas ciudades. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y el fiscal general del estado, Dan Rayfield, han expresado su satisfacción por la decisión judicial, afirmando que Trump "debe demostrar una amenaza real basada en hechos reales si quiere desplegar a la Guardia Nacional en nuestras calles".
Las tensiones han sido alimentadas por la crítica de la administración, que ha calificado a las protestas en Portland como anárquicas. En un contexto donde las manifestaciones continúan por las políticas de inmigración, la administración ha argumentado que el despliegue busca proteger infraestructuras gubernamentales y reducir los índices de criminalidad. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha señalado que sus agentes han sido objeto de ataques por parte de manifestantes, argumentando que es necesario mantener el orden.
Las decisiones judiciales y la resistencia de los gobiernos estatales resaltan luchas sobre el poder federal frente a estatal. Estas decisiones no solo impactan las relaciones entre el gobierno federal y los estados, sino que también afectan el espacio para la protesta y el derecho civil en un país polarizado, limitando los poderes del ejecutivo en su intervención en la seguridad interna.